ALICIA CAMPOS SERRANO - Madrid - 17/05/2008
En noviembre de 2006 visitó España, a invitación del Gobierno español, el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que acaba de "revalidar" el poder que ostenta desde un golpe de Estado en 1979, en unas elecciones legislativas y municipales fraudulentas, donde parece haber obtenido, según resultados provisionales, cerca del 100% de los votos.
Hace un año y medio, a las esperables reacciones y críticas de organizaciones sociales, prensa y del mismo Congreso de los Diputados, el Gobierno socialista justificó su gesto amistoso con Malabo en la necesidad de llevar a cabo una política de "apaciguamiento", en los intereses económicos en torno al petróleo guineano -que no se ocultaron-, y en las promesas que habría obtenido del mandatario africano de liberar a los presos políticos y de organizar las próximas elecciones de manera que supusieran un paso adelante en el proceso de democratización de la antigua colonia.
Pero una vez más vuelve a demostrarse que el curtido Obiang sigue sabiendo cómo conseguir lo poco que ya puede ofrecerle España a cambio de absolutamente nada en materia de derechos humanos. Tampoco de petróleo, por cierto.
La cuestión que queda pendiente para los ciudadanos españoles es cómo hacer responsable a nuestro Gobierno de aquel gesto y de la política exterior hacia Guinea Ecuatorial, que lejos de favorecer un cambio político en el país está sirviendo para apuntalar a una de las peores dictaduras del continente africano.
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