La renovación del Tribunal Constitucional
La fórmula vigente para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (conforme a la LOTC y a los reglamentos de las Cámaras) posibilita que el principal partido de la oposición -sea cual fuere y siempre que reúna a dos quintos de los parlamentarios- disponga discrecionalmente de una poderosa máquina de bloqueo institucional. De hecho, esta es la situación en la que actualmente nos encontramos.
En aquellos casos en los que el principal partido de la oposición considere que posee una favorable correlación de fuerzas en el interior del Tribunal Constitucional, o que tema que una renovación empeore la situación existente, dicho partido se verá tentado a no modificar el estado de las cosas y aguantar hasta el momento en que considere que la renovación pudiera mejorar su influencia sobre el Constitucional.
El hecho incontrovertido es que el modelo actual supone un claro aliciente para obrar de este modo, con el consiguiente deterioro de la legitimidad de las instituciones.
Lo que se precisaría es arbitrar una norma conforme a la cual ningún partido se viera incentivado a bloquear la renovación preceptiva de las instituciones constitucionales. A este fin ayudaría enormemente que una vez expirado el periodo de mandato, los magistrados cesaran automáticamente en sus funciones. Así, nadie podría sacar tajada y se haría impostergable la renovación del TC.
