El respeto al pacto social

El proceso de transición política desde la dictadura a la democracia en la España de 1976 a 1978, que culminó con la Constitución de 27 de diciembre de 1978, es un auténtico pacto social de convivencia.

La consideración del fruto de la transición como un pacto social, un gran acuerdo de los ciudadanos españoles para vivir establemente en paz y libertad, otorga a la Constitución de 1978, su plasmación jurídica, una especial relevancia en sus contenidos y en su estabilidad. Parece razonable pensar que debe tener una amplia prolongación en el tiempo y una motivación reforzada para su reforma. El planteamiento no explicado de algunos sectores -nacionalistas radicales y extremistas de derecha o de izquierda- de tomar a la Constitución, como una etapa efímera, plataforma para conseguir sus objetivos auténticos y reales, se debe excluir por suponer una auténtica traición al pacto social. Una Constitución que es expresión de un pacto social para superar una dictadura supone muchos sacrificios, muchas cesiones y mucho respeto mutuo.

La Ley Electoral es preconstitucional. Hay que añadir cincuenta diputados

Los obispos rezan por el Rey al tiempo que se le insulta en su radio

Los grandes objetivos del pacto son, en primer lugar, la monarquía parlamentaria carente de prerrogativa -no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial y representa la unidad y permanencia del Estado-. La izquierda socialista y comunista aceptó en el proceso constituyente a la monarquía, en la figura de don Juan Carlos de Borbón, siempre que el Rey permaneciese leal a la democracia y a la Constitución. Todos los españoles somos testigos, en mayor o menor grado, del exquisito respeto del Rey por las instituciones y por los gobiernos surgidos de la voluntad general.

La debilidad de los argumentos contrarios frente a una jefatura del Estado que no es poder, sino garante de la integridad y permanencia del Estado, es patente porque maneja los argumentos que podían ser válidos cuando el Rey era poder ejecutivo y compartía el legislativo con el Parlamento. Hoy, por el contrario, carecen de cualquier valor, porque la neutralidad frente a los partidos le permite mediar y aconsejar objetivamente y representar al Estado, con cualquier gobierno posible. De todas formas cabe la crítica a la monarquía, como a cualquier otra parte de la Constitución, desde la razón y desde el respeto. Quemar retratos del Rey no es ejercer la crítica, es una aproximación a la violencia que no está amparada por el Derecho.

De todas formas, el hecho grave está en las críticas de la radio de los obispos. Con un ejercicio de cinismo importante, los obispos rezan por el Rey al tiempo que dejan que en su radio algunos señores le insultan gravemente. Una jefatura de Estado, monarquía parlamentaria, sin prerrogativas es una garantía de estabilidad y neutralidad que funciona. Carece de sentido propugnar su sustitución. Ninguna sociedad razonable, y la española lo es, cambia sin motivo. La inquina y el rencor con el que reacciona la extrema derecha, representada

Pasa a la página siguienteen la radio de los obispos, es la mejor razón para defender a la monarquía. Es también ahora, junto con los tradicionales -ciudadanos, partidos, Cortes generales- un símbolo de nuestra democracia.

Por otra parte el segundo objetivo es el mantenimiento del Estado de las Autonomías, como Estado funcionalmente federal. Esta es una de las dimensiones fuertes del pacto que no permite aventuras secesionistas, ni modificaciones estatutarias fuera de los procedimientos. Los excesos de contenido o de competencias de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía, y que siguen, sin embargo el procedimiento, tienen arreglo y la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Los que se saltan el procedimiento y lo violan frontalmente, no tienen ninguna posibilidad de que su proyecto prospere. Ese es el modelo del lehendakari Ibarretxe en los contenidos de su plan, y en la consulta que pretende hacer absolutamente al margen de lo permitido por la Constitución. Ni en la forma ni en el fondo son de recibo. Son poco inteligentes, propias de un kamikace que sabe que se va a estrellar, y sigue impertérrito su camino de destrucción. Lo malo es que su aventura que lleva a la nada, puede producir daños en la convivencia futura del buen pueblo vasco. ¡Ojalá esos daños no sean irreparables y que los vascos puedan construir la máxima autonomía posible, sin rupturas ni violencia en el seno de la España civil. Para que eso sea posible, los partidos defensores de la Constitución, PSOE y PP, deben trabajar al unísono y, además, es necesario que IU recupere en Euskadi, su dimensión abierta a la totalidad de España y que el PNV contribuya desde el sosiego y la moderación.

Cuando el artículo primero sitúa a España como poder constituyente, que se constituye en un "Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo", está marcando también que la soberanía corresponde al pueblo español del que dependen los poderes del Estado. El pacto social supone la mayor fidelidad de la soberanía a la realidad de los ciudadanos para la más cabal representación. Sin embargo, ese es un objetivo todavía incumplido a los casi treinta años de la Constitución, porque la Ley electoral es preconstitucional y se mantiene hoy con los mismos esquemas conceptuales. Para ajustar la realidad al pacto social en el ámbito de la representación política, es necesario reformar la ley electoral, para que recoja lo más fielmente la correcta correlación -ciudadanos y número de parlamentarios-. Para eso hay que añadir cincuenta diputados a los trescientos cincuenta, lo que es factible con una Constitución que tiene hasta cuatrocientos diputados posibles. Se situarían estos cincuenta nuevos diputados en una única circunscripción nacional que recogería todos los votos que en las circunscripciones provinciales no hubieran sido aprovechados para elegir un diputado. Los diputados de la circunscripción única nacional serían distribuidos de manera proporcional por el sistema d'Hont, a los partidos destinatarios de los votos no utilizados en las circunscripciones provinciales. Esta solución está hecha con un velo de ignorancia de los resultados, y sirve para convertir en más justa la identidad del soberano popular.

El pacto social debe ser duradero y estable y sólo debe recibir retoques como los que propongo, reforzándose en aquellos aspectos más importantes: apoyo a la monarquía parlamentaria y a la unidad de España.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.