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EDITORIAL

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02/01/2007

 
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Rumania y Bulgaria ingresaron ayer en la Unión Europea, con lo cual ésta pasa a ser una entidad de 27 Estados miembros y 493 millones de ciudadanos. Son los parientes más pobres de la UE, bastante más que los 10 que entraron en la última ampliación en mayo de 2004: su renta per cápita apenas representa un tercio de la media comunitaria y aportan sólo un punto al PIB europeo. Pero más allá de las cifras, la llegada de estas dos naciones del otrora Este europeo, de 21,6 millones y 7,7 millones de habitantes, respectivamente, supondrá el cierre durante mucho tiempo a nuevos miembros si se exceptúa Croacia, cuyo ingreso no se producirá antes de 2010. La entrada de los países balcánicos se aventura problemática y la de Turquía, una compleja quimera.

Rumanos y búlgaros llegan a Bruselas en uno de los momentos más deprimentes de la Unión, tras el parón al tratado constitucional que ha dejado a las instituciones de la UE incapacitadas no ya para acoger a dos nuevos miembros, sino para funcionar a 25. El ingreso de 10 nuevos socios hace dos años y medio se hizo de forma precipitada, motivado por la solidaridad política hacia los países de la extinta órbita soviética. La Comisión de 25 comisarios, cada uno con una cartera a cada cual más singular, es inmanejable. El comisario rumano se ocupará de multilingüismo (23 lenguas oficiales) y el búlgaro, de la defensa del consumidor. Si no se rectifica antes, la próxima comisión, por los tratados vigentes, deberá tener menos comisarios que Estados la Unión.

Es evidente que Rumania y Bulgaria entran sin que ni ellos ni la UE tengan buena parte de los deberes hechos. Tampoco los tenían varios de los países que entraron en 2004. Llegan con más entusiasmo que éstos y con la esperanza, bastante fundada, de que su ingreso y la inyección de fondos comunitarios dinamizará su economía. Sin embargo, será una adhesión vigilada hasta un grado sin precedentes y revisada periódicamente en vista de los graves problemas que aún subsisten en estos dos países en materia de corrupción, seguridad alimentaria y administración de la justicia. Además, se les han impuesto unas restricciones durante dos años prorrogables hasta siete a la libre circulación de sus trabajadores, muchos de los cuales ya se habían dado prisa para instalarse irregularmente en el resto de la Unión. Pero el problema de esta ampliación no es el de la avalancha de emigrantes -si las economías rumana y búlgara crecen, no se producirá-, sino la desconfianza hacia los nuevos miembros. Entran en libertad vigilada.

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