No es suficiente

El vicepresidente Pedro Solbes presentó ayer unos Presupuestos Generales del Estado para 2009 elaborados para reactivar la maltrecha situación de la economía española. Como prueba del carácter anticíclico de las cuentas públicas, Solbes esgrimió el déficit del 1,9% del PIB, el crecimiento en dos puntos de la deuda pública, hasta situarse en el 38,8% del PIB, y los aumentos de la inversión pública en infraestructuras o I+D. El Gobierno en general, y Solbes en particular, han entendido correctamente que en momentos de extrema gravedad financiera no es pertinente acogerse al criterio de la estabilidad presupuestaria. La correcta gestión de las cuentas públicas en los últimos años permite disponer de un margen de maniobra para utilizar el endeudamiento como un resorte inversor contra la crisis.

Pero no está tan claro que el esfuerzo de inversión plasmado en los Presupuestos tenga la intensidad suficiente para conseguir el efecto buscado. Los aumentos de inversión en infraestructuras son demasiado débiles para actuar de forma significativa sobre la generación de empleo y, por tanto, de riqueza. La inversión en I+D crece casi un 7%, pero no es estímulo suficiente ni siquiera para inducir nuevas oportunidades de inversión a medio plazo. En ambos casos pesará además como una losa la inercia inversora de las administraciones públicas. A pesar de las declaraciones entusiastas de los responsables del área económica, la hipótesis más probable es que el escaso esfuerzo inversor no sea suficiente para mantener la tasa de crecimiento interanual durante 2009 por encima del 1%.

Tampoco es probable que asistamos a una recuperación de la economía a partir de mediados del año próximo. No es realista sugerir tal cambio de tendencia, por mínimo que sea, si no se explica a continuación en qué estará basada esa recuperación. Solbes debería explicar los fundamentos del cambio de tendencia antes que darla por hecha en una esquina estadística del Presupuesto.

Las cuentas públicas para 2009 reflejan el auténtico pensamiento económico del presidente del Gobierno: la preocupación política por el gasto social. De cada 10 euros de gasto, casi cuatro se destinarán al pago de pensiones y protección por desempleo. El presidente acumula así dos errores peligrosos en la gestión de la crisis. El primero es de diagnóstico; aunque la crisis financiera haya estallado en Estados Unidos, España tiene su propia burbuja inmobiliaria y ha de enfrentarse a la destrucción del empleo, la caída del consumo, las dificultades de los bancos para obtener liquidez y el repunte de la inflación. El segundo es la perversa identificación de la protección social con una política anticrisis. Pagar el seguro de paro o las pensiones es una buena costumbre del Estado de bienestar, pero no una receta contra el estrangulamiento del crédito o la destrucción de empleo.

Comprobada la inanidad del rosario de minúsculas medidas económicas adoptadas desde abril, el Gobierno debería presentar medidas de mayor impacto. En este paquete debería apoyarse la exportación con ayudas presupuestarias, para fortalecer la aportación al PIB del sector exterior; estimular la creación de empleo explorando la posibilidad de una reducción de las cotizaciones sociales a cambio de un aumento del IVA; impedir el crecimiento de la deuda de las autonomías a través del mecanismo espurio de las empresas semipúblicas, y aprobar un Plan de Ahorro Energético de verdad y no de cartón piedra.

La demostración de que el Gobierno se toma en serio los deberes anticrisis sería poner en marcha los mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo. Pero no parece que la dirección del Ejecutivo transite hoy por esos caminos, tan poco rentables políticamente a corto plazo.