Sábado, 5/12/2009
Opinión
01/04/2009
El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la que Esperanza Aguirre esperaba desplazar de su puesto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y sustituirlo por alguien más afín a sus intereses. En plena crisis económica y financiera, la presidenta madrileña ha vuelto a dar con la norma ahora recurrida una muestra de sus prioridades políticas: la utilización de su posición al frente del Ejecutivo autónomo para acaparar cuantos resortes de poder pueda con el triple objetivo de, por este orden, reforzar su posición dentro del PP, hacer oposición institucional al Gobierno central y dificultar la alternancia en la Comunidad.
La ley autonómica que habrá de revisar el Constitucional apenas alcanza a disimular su naturaleza de norma ad hoc, dirigida a forjar una mayoría de consejeros de Caja Madrid favorables a Aguirre. Para ello, la presidenta ha pretendido alterar los criterios de representación territorial que rigen la composición del consejo de la entidad financiera. La reforma resultante es tan arbitraria como descarada, según el estilo de la casa: perjudica al Ayuntamiento de la capital, que pasaría de aportar 70 representantes a la Asamblea de la caja a tan sólo 24, mientras que ganaban peso los municipios de la comunidad gobernados por regidores del PP afines a la presidenta.
El Gobierno decidió recurrir la norma tras recibir un dictamen del Consejo de Estado en el que consideraba conveniente el pronunciamiento del Constitucional "para despejar dudas" sobre los nuevos criterios de representación, dada su divergencia con el modelo participativo establecido en la legislación estatal sobre cajas de ahorros.
No es la primera vez que normas autonómicas inspiradas por el Ejecutivo de Aguirre entran en colisión con disposiciones estatales. Y no porque exista una legítima disparidad de criterios entre las distintas instancias políticas acerca de las competencias que corresponden a la autonomía de Madrid, sino porque Aguirre actúa desde el presupuesto de la legitimidad de utilizar el poder regional para hacer oposición al central. De la Ley del Tabaco a la de cajas, pasando por Educación para la Ciudadanía, la Ley de Dependencia, las listas de espera o los alquileres de emancipación, Aguirre ha tenido a gala convertir a Madrid en un foco de resistencia a las iniciativas legislativas del Gobierno central: lo contrario al mandato constitucional de cooperación entre instituciones que la presidenta no deja de reclamar en otros terrenos.
Ese empeño no le hace olvidar su tercera prioridad: dificultar la alternancia por todos los medios a su alcance, incluyendo las adjudicaciones de licencias de radio y televisión conforme al criterio de favorecer al amigo y perjudicar al adversario. De ahí que la Comunidad de Madrid lleve camino de convertirse en una taifa sometida a la voluntad de Aguirre.
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- 01-04-2009Página 1 de 3
11
Ciro
- 01-04-2009 - 18:54:38h
Hay algo peor que un representante chulee a sus electores y es que chulee a los que no lo son. Aguirre quiere gobernar España sin pasar por la Moncloa, boicoteando leyes estatales o retorciéndolas para adaptarlas a sus intereses particulares. Ayer fueron la ley del tabaco, la EpC, la dependencia y hoy la pillan con la mano en el Cajón de Ahorros de Madrid. Ahora dicen que también proyecta una ley del Aborto. No me extrañaría que quisiera nombrar también a los obispos de su región, pero claro, eso sólo lo haría si disintiera con Rouco, y en este caso, son tan, tan, tan afines ideológicamente hablando.
10
Morones
- 01-04-2009 - 17:00:12h
Todos sabemos como llegó Aguirre a la Comunidad de Madrid, a través de la compra de votos de Saez y Tamayo, o sea de corrupción. Lo que es increible es que no se haya investigando a fondo el asunto porque siempre que hay corruptos hay corruptores. Se trata de preservar los valores de la democracia, ni más ni menos. No existe en este caso legítimidad democrática, así que después de este hecho cualquier cosa te puedes esperar de Aguirre y compañia.
9
IvvI
- 01-04-2009 - 15:39:02h
Como ocurre con los políticos en general, y con Aguirre en particular, los ciudadanos son los que votan a sus representantes. Si éstos son lo que son y vamos viendo cada día, es que el votante es lo que quiere. La democracia consiste en eso: el pueblo vota a quien quiere, aunque luego resulte ser la mayor escoria e inmundicia del mundo. Vosotros votaís, vosotros apechugais!!! Yo hace tiempo que no hago el ridículo cada cuatro años para estar arrepentido y desilusionado al día siguiente. Y cada vez somos más y más gente que pensamos igual.
8
Ciudadano
- 01-04-2009 - 12:37:05h
No deberíamos dejarnos caer en la trampa de pensar que todo se hace contra el adversario. En este caso está en juego algo más importante que la lucha PSOE-PP y es evitar que un legislador (cualquiera) genere leyes en beneficio propio y no en beneficio del pueblo al que representa. En este caso, no se trata solo de una ley que no beneficia al pueblo de Madrid de ninguna manera objetiva, sino que ha sido redactada ad-hoc (como bien dice el editorial) para resolver una situación puntual. Sería una catástrofe para la Democracia que estas prácticas se convirtieran en habituales ya que pervertirían por completo el papel del legislador, convirtiéndolo en un dictador al más puro estilo venezolano.
7
Enanero
- 01-04-2009 - 11:35:13h
A veces es mejor quedarse en casa con los niños y sacar brillo a los jarrone.s, sacudir la colcha, poner el gramófono, ver corretear a los nietos, hacer el caldo de pollo y apuntarse a un gimnasio para quitarnos las varices aunque la combinación sea morada de encajes rojo chillón
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