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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El texto y su contexto

La prensa de ámbito catalán espolea la oposición a una sentencia adversa sobre el Estatuto

El pronunciamiento conjunto de 12 diarios de ámbito catalán en defensa de la integridad del Estatuto y en contra de los recortes de esta norma que debate el Tribunal Constitucional ha levantado una oleada de reacciones. En Cataluña, en forma de adhesión muy mayoritaria de todo tipo de entidades sociales, económicas o deportivas, mientras que en el resto de España no han escaseado las voces que califican esta iniciativa como una "presión insoportable" al alto tribunal. Por los escasos precedentes, y también por su contenido, el texto y su contexto merecen algunas reflexiones.

Ante todo es preciso subrayar que, a título individual o colectivo, estos rotativos ejercen el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos. Pero cada uno de estos diarios viene expresando idénticas o parecidas opiniones, por lo que no es ocioso señalar que nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente político, destinada más a incidir en la realidad, e incluso a ejercer una especie de liderazgo de sustitución, que a describirla o valorarla. No es fácil dilucidar si esa función corresponde o no a los medios de comunicación, o si éstos deben limitarse a ejercer y organizar el pluralismo y la libertad de expresión.

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Sembrar dudas sobre la legitimidad de la diezmada "corte de casación" que juzga el Estatuto, o instar a los magistrados a respetar el pacto constitucional para así preservar "el marco de convivencia español", como hace el citado editorial, puede en rigor describirse como una presión al tribunal. Idéntica calificación merecen las declaraciones del presidente, José Montilla, y otros líderes en respuesta a la proyectada supresión del Preámbulo del término "nación", desvelada el domingo por este diario. Menos honesto resulta escandalizarse ante estas advertencias y no hacer lo propio ante las injerencias mayores que protagonizó el PP tras interponer el recurso, con maniobras tan groseras como la recogida de firmas por toda España o la fabricación de falsas causas de recusación para articular en el tribunal una mayoría proclive a sus intereses. Desde la entrada en vigor del Estatuto, nada ha sucedido en torno al Tribunal Constitucional que no pueda ser percibido por cada una de las partes como "presiones insoportables", hasta el punto de que con la sentencia no sólo está en juego el futuro del texto autonómico sino también el del propio alto tribunal.

Que en esta tesitura cabeceras heterogéneas consensúen un texto común debería mover a la reflexión a quienes aún se aferran al cliché de que los partidos catalanes no representan a la ciudadanía, o sostienen que el Estatuto concitó escaso apoyo social porque el referéndum registró una abstención del 50%, soslayando la aplastante mayoría (74%) que votó a favor del texto. En el debe de los promotores hay que apuntar su deslizamiento hacia el frentismo, pues se arrogan el monopolio de la catalanidad y apelan a una unanimidad política impropia de una sociedad moderna y compleja como es la catalana.

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