Las traducciones en el juicio del 11-M
A raíz de las informaciones publicadas en la última semana sobre la traducción de grabaciones realizadas a acusados del proceso por los atentados del 11-M, nos gustaría llamar la atención sobre una serie de cuestiones:
1. Se ha puesto de manifiesto la importancia que puede tener la interpretación de una sola palabra, que puede convertir a un hombre en ideólogo de una matanza o en mero conocedor previo de la misma. La traducción y la interpretación no son, pues, una simple cuestión auxiliar en un juicio, sino una cuestión decisiva que depende de la competencia y profesionalidad de aquellos que la ejercen, y que no debe confundirse únicamente con "conocimientos de la lengua", al igual que no es lo mismo ser abogado que tener conocimientos de Derecho.
2. Ha quedado en evidencia la incapacidad del Ministerio de Justicia para afrontar por sí solo los retos lingüísticos del proceso, ya que ha tenido que recurrir al Ministerio de Exteriores para que uno de sus intérpretes funcionarios coordine al grupo de reputados intérpretes freelance que han actuado en el juicio. No se trata, pues, de personal propio de la Audiencia Nacional, como se ha venido publicando. El motivo no es otro que el Ministerio de Justicia practica una contratación laboral errática y denigrante (titulación de bachiller), llevada a cabo sin el asesoramiento de las facultades de Traducción e Interpretación o de asociaciones profesionales.
3. La importancia de que la justicia cuente con profesionales traductores-intérpretes propios que puedan tener acceso a los sumarios con garantías de confidencialidad y en los que en un momento dado se pueda confiar debido a su trayectoria y experiencia.
Pero el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en la materia están optando por la subcontratación. Craso error, ya que las licitaciones enriquecen a determinadas empresas que llegan a quedarse con el 60% de los ingresos mientras que la calidad del intérprete va pareja al salario que éstas le pagan: 12 euros/hora en los juzgados de la Comunidad de Madrid, 10 euros/hora en la Comunidad de Valencia... Nuestra asociación ha propuesto al Ministerio de Justicia la creación de un cuerpo similar al del MAE que pueda conformar una red que gestione registros de intérpretes cualificados similares a los de otros países de la UE, sin que haya intermediarios enriqueciéndose y sin que quede en entredicho la tutela judicial efectiva. Este sistema es posible, ya que está funcionando en la isla de Gran Canaria. Pero seguimos recibiendo una respuesta muy habitual: el silencio.
