Los trajes siguen a Camps

El Tribunal Supremo ha devuelto al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres cargos públicos del PP la condición de imputados, al ordenar que se reabra la causa por cohecho pasivo impropio en relación con los trajes con que fueron obsequiados por la trama Gürtel. El Supremo cierra así una vía de ejercicio corrupto del poder que el Tribunal Superior de Justicia valenciano, presidido por el "más que amigo" de Camps, el magistrado Juan Luis de la Rúa, había abierto en una insólita y por ende sospechosa interpretación de esa figura delictiva.

La decisión del Supremo sitúa a Camps a un paso de sentarse en el banquillo y de comparecer ante un jurado popular. La Ley del Jurado prevé sabiamente que determinados delitos cometidos en el ejercicio de la función pública sean juzgados por los ciudadanos, añadiendo así otra forma de control a la del voto. La causa volverá de nuevo al instructor inicial, el magistrado José Flors, que previsiblemente confirmará el cierre de la instrucción y decretará la apertura del juicio oral.

Durante el tiempo que la causa contra Camps ha estado en el Supremo, el caso Gürtel ha alcanzado en la Comunidad Valenciana unas dimensiones delictivas que trascienden el cohecho pasivo impropio. Ya el instructor Flors constató que los regalos provenían de una empresa "que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat", aunque no se creyó autorizado para investigarlos. Esa tarea la hace ahora el Tribunal Superior de Madrid en una investigación que apunta también a la financiación ilegal del PP. Por una y otra vía, sea en Madrid o en Valencia, no habrá modo de eludir la cuestión: si esos trajes regalados y aceptados buscaban condicionar decisiones sobre esos contratos. A Camps se le puede complicar más la situación, complicándosela a su vez a Rajoy.