El veto de Estrasburgo

El Parlamento Europeo ha estrenado los nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa bloqueando un acuerdo con EE UU de cooperación antiterrorista. El convenio vetado prorrogaba la potestad de Washington de utilizar los datos de transferencias bancarias internacionales de los europeos para rastrear los movimientos financieros de sospechosos de terrorismo. Esta posibilidad de acceso a los registros de la red interbancaria SWIFT se inició en 2001, tras los atentados del 11-S, pero ahora, cuando tocaba renovarlo, el Parlamento Europeo ha ejercido su derecho de veto generando una tensión transatlántica que se suma al desencuentro por la negativa de Obama de acudir a la próxima cumbre bilateral. Es un nuevo revés para la presidencia española, que defendía la prórroga.

Una mayoría integrada por una parte de los socialistas más los conservadores alemanes, liberales, verdes y comunistas (378 votos contra 196 y 31 abstenciones) ha considerado que el acuerdo no garantiza la confidencialidad de los datos de los europeos, que Washington actuaba con total opacidad y que no había reciprocidad. El resultado es que habrá que negociar un nuevo pacto. Con el riesgo de que Washington prefiera hacerlo bilateralmente con cada país europeo. Frente al evidente desagrado de la Administración de Obama con la decisión, algún eurodiputado ha respondido que la Eurocámara es ahora el equivalente del Congreso frente a la Casa Blanca. En todo caso, es a los europeos a quienes corresponde sacar consecuencias de lo ocurrido. Todos los Gobiernos de la UE estaban de acuerdo en prorrogar el convenio, que ha resultado útil para impedir atentados o dar pistas sobre otros ya cometidos.

Por eso, un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que otorga a la Eurocámara poder de autorizar o no ese tipo de acuerdos, el Consejo (que representa a los Gobiernos nacionales) prorrogaba el acuerdo. Fue seguramente un error que no ha impedido que de todas formas se produzca el veto. El Consejo ni siquiera se ha empleado a fondo en intentar convencer de la conveniencia de la prórroga a los europarlamentarios. Es urgente renegociar las condiciones del acceso a los datos y restaurar la confianza del mejor aliado de Europa en la lucha antiterrorista. Pero también es urgente que la UE sea consecuente con la nueva estructura de sus instituciones.