Un veto presidencial
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", hemos repetido todos al unísono, en Occidente, desde hace 20 siglos, como si la benemérita sentencia nos resolviera algo. Bien sabemos que no está terminado el debate que abrieron las revoluciones liberales cuando desde hace dos siglos emprendieron la secularización del Estado. Naturalmente, el centro de las discusiones va cambiando con los tiempos y, hoy por hoy, se ha reducido a la educación y los temas de bioética.
España no está lejos de estas preocupaciones y mi país, el Uruguay, donde hace casi un siglo que la Iglesia, separada del Estado, no vive mayores conflictos con el poder laico, estas últimas semanas ha vivido una curiosa situación a propósito de una ley que despenalizaba el aborto.
En Uruguay, país de fuerte tradición laica, el jefe del Estado anula la ampliación de la ley del aborto
La bancada parlamentaria del Frente Amplio, coalición de izquierdas hoy gobernante, presentó un proyecto de ley ampliando las causas de exoneración criminal, que fue votado por ellos y unos pocos legisladores de la oposición, entre los que me encontré. El presidente de la República, en cambio, y tal cual se preveía, vetó la ley. El Parlamento intentó levantar el veto, hubo mayoría simple pero no la suficiente, porque en esos casos se requiere el concurso de los 3/5 de los votos parlamentarios. El presidente, sin embargo, se ha declarado ofendido con sus diputados y senadores correligionarios, al punto que acaba de renunciar a su afiliación al Partido Socialista al que pertenece.
La historia es muy curiosa, en un país con la fuerte tradición laica del Uruguay. Pensemos, simplemente, que en 1861 se secularizaron los cementerios, en 1877 la ley organizó la enseñanza pública "laica, gratuita y obligatoria" y en 1879 el Registro de Estado Civil alejó de esa actividad a la tradicional que oficiaba la Iglesia. En 1855 el matrimonio civil pasó a ser el único válido, en 1906 se retiraron los crucifijos de los hospitales públicos y en 1907 se dictó la primera ley de divorcio, que se complementa seis años después con la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial por la sola voluntad de la mujer, sin expresión de causa ni necesidad de juicio. En 1917, la Constitución estableció la definitiva separación de Iglesia y Estado y, a partir de entonces, la convivencia religiosa generó un amplio clima de tolerancia y pluralismo. Todo este proceso fue impulsado en su tiempo por el Partido Colorado, una vieja colectividad liberal, que construyó a principios del siglo pasado la primera social-democracia, real y efectiva, de nuestra América. Naturalmente, el proceso fue siempre apoyado por socialistas y anarquistas, entonces minoría de minorías, pero hoy gobierno en el país. Y de ahí, entonces, la paradoja de que el presidente socialista se enfrenta a su partido, con el apoyo de la Iglesia Católica.
El arzobispo de Montevideo amenazó con la excomunión a los legisladores católicos que votaron la despenalización, agrediendo el principio del sistema representativo que ha querido proteger la máxima independencia de juicio de quienes ejercen un mandato popular. Y ahora felicita al presidente, pues todo ha quedado, por el momento, en la nada.
Más allá de la extraña situación política, el tema no saldrá de escena. Quienes sostenemos que un feto de 12 semanas es una expresión de vida pero no una persona titular de derechos y obligaciones, nos enfrentamos a quienes defienden la tesis de que la protección legal arranca con la concepción misma. Lo que lleva el debate a los procedimientos -legítimos y legitimados- de la fecundación in vitro que -en la tesis católica, por estos días reiterada- darían carácter de persona a un óvulo fecundado dentro de un tubo de ensayo y condenarían por genocida a quien destruya varios de ellos, por obligadas razones científicas. Y así sucesivamente.
Mientras tanto, los abortos siguen y aunque la ley uruguaya despenaliza numerosas situaciones (incluso la causada por "angustia económica"), en los hechos no hay mujer que siga un lento y publicitado proceso legal, exponiéndose así a los riesgos de las prácticas clandestinas. Éstas, por otra parte, generan una fuerte discriminación social, pues notoriamente las mujeres más pobres son aquellas con menores posibilidades de conseguir mínimas garantías sanitarias.
Nadie podría discutir que el aborto es una derrota, algo no deseable. Hoy en día, incluso -con los métodos anticonceptivos disponibles- es una expresión de ignorancia que debería superar el debate. Pero el hecho social está, y la pregunta, entonces, es si a esa mujer que, llevada por la desesperación, interrumpe su embarazo, hay que declararla homicida y condenarla. Desde hace tiempo batallamos porque no sea así. Y habrá que seguir, en muchos países, procurando civilizar hábitos y seguir emancipando a la mujer de las consecuencias no queridas de su sexualidad. Porque la vida, después de todo, no puede ser fruto de la causalidad o la resignación, sino de la voluntad y el amor. La fatalidad de los hechos no debería nunca imponerse a las opciones de la libertad.
Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.
