Aprendices de espía
El azar ha hecho coincidir dos sucesos: el inicio del juicio oral contra el exjefe de la Inspección Tributaria de Vizcaya, y el levantamiento del secreto del sumario en el proceso por supuesto espionaje de un dirigente del PNV en Álava y de dos ertzainas destinados en la Unidad Antiterrorista. Además, sigue su curso otra investigación judicial sobre espionaje informático en la sociedad pública SPRI imputado a un alto cargo de la Administración Ibarretxe. Con independencia de las decisiones judiciales que en su día se dicten sobre si se han cometido o no delitos, y respetando la presunción de inocencia que asiste entre tanto a los imputados, la mera incoación de los procesos, y lo ya conocido sobre el contenido de las actuaciones judiciales practicadas hasta hoy, pone de manifiesto unos hechos y unas prácticas de la máxima gravedad en todo Estado democrático, y obliga a una reflexión profunda sobre lo que para mí es la cuestión esencial de todo este asunto: ¿estamos ante unos hechos aislados, inconexos entre sí, imputables sólo a la debilidad moral de los implicados, o ante unos síntomas de una enfermedad latente en el sistema institucional y administrativo de nuestra comunidad? De la respuesta a esta pregunta dependerá si el problema se acaba con la condena judicial o con la expulsión de su partido de los supuestos autores, o si se requieren otras medidas de mayor calado que saneen el sistema e impidan unas infecciones semejantes a las que se han producido.
Todavía hoy en la administración vasca hay muchos misioneros de Sabino La confusión entre el interés general y el partidario socava el Estado de Derecho
Es para mí evidente que estos no son unos casos de posible corrupción económica, de puro y simple latrocinio en beneficio propio. Tampoco me creo que lo sucedido obedezca a la locura o a la imbecilidad de un alto cargo o de un político y dos policías, más o menos aficionados a los juegos de espías y al, para algunos, fascinante mundo de los servicios secretos. En mi opinión, los implicados en estos turbios asuntos, que quizá no sean delito pero que en todo caso son políticamente inaceptables, operaban en el convencimiento de que estaban así contribuyendo a construir el país de sus ensoñaciones nacionalistas. Y esto es precisamente lo más aterrador de lo ocurrido. Un sistema democrático razonablemente sano siempre acaba por expulsar a los que roban, a los que sobornan y a los que se lucran en el ejercicio de sus funciones. Lo que socava, hasta la ruina, los fundamentos del Estado de Derecho es la confusión entre el interés general y el partidario, el uso de las potestades legales para imponer una ideología determinada en perjuicio de otras, alterando o impidiendo la igualdad de oportunidades y el juego limpio en la confrontación política.
En Euskadi tenemos un problema muy serio que deriva de la manera en que se fue configurando nuestra administración pública, y que no se soluciona con unas cuantas condenas o expulsiones. En 1979 se empezó a construir el aparato administrativo vasco prácticamente desde cero, y el EBB del PNV fue colocando a personas de su total confianza en todas las áreas, en especial aquellas en las que se obtiene y se maneja información confidencial y sensible. Esas personas fueron convocadas por sus convicciones nacionalistas, y muchos respondieron a la llamada del partido como el misionero responde a la de su iglesia. Pensaban que era el momento y la oportunidad histórica para construir la nación vasca, tal y como la concibe el PNV, y no solo unas instituciones democráticas neutrales, esto es, regidas por los valores supremos de la justicia y del pluralismo. Todavía hoy en la administración pública de Euskadi hay muchos misioneros de Sabino, convencidos de que todo aquello que conduzca a la conversión de los infieles al nacionalismo es bueno para el país, y, por tanto, legítimo desde su punto de vista, incluida, si fuera necesario, la intromisión en la privacidad de los ciudadanos o la utilización para fines políticos de los instrumentos de poder y de la información de los que son depositarios. Son los que hacen un uso alternativo de la ley y del ejercicio de su función porque no saben ser imparciales, ya que han hecho de su ideología una especie de religión o de valor supremo en sí mismo. Por ello, no es casual que el mayor obstáculo que están encontrando, lo confiesen públicamente o no, quienes gobiernan en estos momentos en Euskadi sea precisamente la resistencia de una parte significativa y relevante de funcionarios militantes de una ideología esencialista, y no servidores imparciales y leales con las instituciones de todos, y por tanto con quienes en cada momento las representan legítimamente.
Este país puede ser ahogado o corrompido por una sobredosis de patriotismo que, no lo olvidemos, normalmente acaba siendo refugio, no de los idealistas que lo promovieron, entre cuales puede estar alguno de los implicados en los hechos que comentamos, sino de los bribones que encuentran a su amparo la tapadera y la excusa perfecta para medrar. Este país tiene que comprender que la base indispensable para que cualquier sociedad progrese en un sistema democrático es contar con una administración pública imparcial, profesional, independiente, en la que la lealtad de sus integrantes esté reservada exclusivamente a la institución a la que sirven, y no al partido al que legítimamente puedan pertenecer como ciudadanos. Solo de esa manera se puede garantizar que no surjan nuevos aprendices de espía, o extorsionadores políticos, y que los ciudadanos mantengan la indispensable confianza en las instituciones, seguros de que su intimidad y todos sus derechos básicos están protegidos.
