Aranzadi retoma los trabajos para proteger la cueva de Deba

La Sociedad de Ciencias Aranzadi comunicó ayer que ha reanudado los trabajos de excavación arqueológica e investigación en la cueva de Praileaitz I, ubicada en Deba), con la finalidad adoptar "las medidas más adecuadas para la conservación de dicha cueva y su entorno". Este yacimiento, protegido por el Departamento de Cultura, se encuentra en las cercanías de la cantera Sasiola, donde se realizan voladuras que podrían estar afectando a la conservación de la gruta.

Aranzadi continuará con sus trabajos siguiendo las pautas marcadas por el comité científico formado por especialistas en Paleolítico Superior europeo. Realizarán una valoración arqueológica de los halazgos y una contextualización de Praileaitz I en el conjunto del valle del Bajo Deba, que presenta una gran concentración de yacimientos pertenecientes al Paleolítico Superior.

Aranzadi también hará un estudio hidrogeológico de la estructura cárstica de la cueva para evaluar su estado de conservación y elaborará un informe con las afecciones que ha sufrido hasta el momento, además de estudios sobre el paisaje físico y cultural de la zona.

Con las conclusiones que se obtengan de estos trabajos, Aranzadi elaborará una propuesta de actuación y propondrá el modelo de protección de Praileaitz I, así como la superficie que debería protegerse. Esta entidad considera que mientras se lleven a cabo estos estudios científicos "no deben producirse actuaciones irreversibles" en la ladera en la que se halla la gruta.

La Asociación de Amigos de Praileaitz, entre cuyos miembros se encuentran los escultores Koldobika Jauregi y Néstor Basterretxea, alertó del peligro en el que se encuentra esta cueva y acusó tanto a la Diputación guipuzcoana como al Gobierno vasco de no estar actuando con la suficiente eficacia para conservar y proteger una cueva cerrada al público en la que se han hallado pinturas rupestres que podrían remontarse a hace 18.000 años así como collares prehistóricos. La cueva está a la espera de que el Ejecutivo determine definitivamente su grado de protección.