El Ararteko alerta de la precariedad en que se presta la asistencia social

La falta de regulación entorpece la ayuda a marginados o dependientes

Vitoria - 12 jun 2008 - 00:00CEST

La mayoría de los servicios y recursos destinados a atender a sectores de la población tan significativos como las personas en riesgo de exclusión social, los menores desprotegidos, los discapacitados y los mayores dependientes no son gestionados directamente por la Administración.

Están dirigidos por entidades sin ánimo de lucro que le resuelven la papeleta y, a cambio, reciben subvenciones. La paradoja radica en que, a menudo, esas ayudas económicas llegan tarde y las asociaciones se ven obligadas a pedir créditos a los bancos para seguir ofreciendo sus programas y un servicio que es de carácter público.

Lamarca reclama una mejor financiación para el Tercer Sector

La precariedad a la hora de trabajar resulta evidente. A ello hay que añadir una regulación imprecisa. Y se trata de un sector indispensable, sin cuyo concurso "los servicios sociales se vendrían abajo", alertó ayer el ararteko, Inigo Lamarca, quien reclamó a la Administración que mejore y agilice la financiación y establezca una cartera de servicios que garantice las prestaciones sociales como un derecho subjetivo, igual que sucede con la Educación o la Sanidad. "Ayudaría a clarificar mucho el panorama", recalcó.

El Defensor del Pueblo vasco presentó en el Parlamento el informe extraordinario que ha elaborado sobre las condiciones de trabajo del llamado Tercer Sector de los servicios sociales, basado en entrevistas con responsables y trabajadores de 293 entidades (el 18% del total). El primer sector es la Administración; luego llega la iniciativa privada pura y dura, y en ese tercer peldaño aparecen las entidades sin ánimo de lucro, integradas fundamentalmente por voluntarios y cuya presencia apuntala al conjunto. Este tipo de entidades pueden ir desde ONG hasta fundaciones y cualquier tipo de asociación. Su importancia llega al punto de que se ocupan al 100% de sectores como la atención a discapacitados, menores y marginados sociales. En el terreno de las personas mayores, pueden gestionar hasta un 25%.

El Ararteko constata en su estudio que la financiación pública se realiza a través de convenios y contratos, que otorgan una mayor estabilidad económica, pero también a través de subvenciones anuales. Y aquí reside uno de los principales problemas del sistema, ya que las entidades viven en estos casos en una constante incertidumbre. "Si a esto añadimos una mala práctica administrativa, como es la de resolver las convocatorias anuales y efectuar los pagos con el año muy avanzado, es fácil imaginar la precariedad y apuros de algunas asociaciones para mantener sus programas".

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El informe también sostiene que la "escasa regulación" del Tercer Sector hace que los servicios sociales no se encuentren definidos como derechos subjetivos y se eche en falta una cartera de prestaciones. Todo ello influye negativamente en las condiciones de los trabajadores. "Si las instituciones quieren ofrecer un servicio de calidad sin quemar a los profesionales resulta necesario mejorar las condiciones de quienes atienden, precisamente, a las personas que sufren mayor riesgo de exclusión", destacó el Ararteko.

LAS QUEJAS DE LAS ORGANIZACIONES

"Tenemos que pedir créditos para adelantar el dinero"

Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Comisión Antisida de Álava, coincide al cien por cine con el informe del Ararteko. La financiación es uno de los aspectos más delicados para esta entidad que gestiona varios pisos para atender a personas enfermas de sida y a otro tipo de ciudadanos con problemas, como presos que no tienen adónde ir cuando salen de la prisión. En el caso de su entidad, las ayudas de la Administración llegan vía subvención. "Comenzamos a dar nuestras prestaciones desde el 1 de enero, pero la convocatoria de las subvenciones del Gobierno vasco no aparece hasta mayo. Y después hay que esperar hasta después del verano para que confirmen que te conceden el dinero. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de dar el servicio?". "Lo que hacemos es adelantar el dinero. Pedimos un crédito puente a un banco para poder prestar un servicio que es público. Y el banco nos exige las mismas condiciones que a cualquier particular, el mismo tipo de interés".

Y después, ni siquiera existe la garantía de que la Administración vaya a conceder la subvención. "Todo está abierto. Nos dejan con una mano delante y otra detrás. La duda de si aprobarán la subvención siempre está presente".

Su esperanza es que la futura ley de Servicios Sociales termine con las subvenciones y generalice la firma de convenios y conciertos, unas fórmulas más seguras y estables de financiación que permiten plantear proyectos a más largo plazo. Otro problema acuciante es la inexistencia de un convenio laboral. El año pasado se firmó en el ámbito estatal el primero para el tercer sector, pero lo que plantea el texto, opina Ruiz, queda "lejos de lo que se necesita en el País Vasco. Cada comunidad es diferente".

"Las necesidades van por delante de los recursos"

El secretario general de Cáritas Guipúzcoa, José Emilio Lafuente, asegura que las instituciones cada vez está más sensibilizada con el trabajo que desarrolla el tercer sector, pero advierte de que "las necesidades van por delante de los recursos". "La Administración cada vez está más preocupada por la situación y destina más recursos, pero las necesidades se incrementan".

En el caso de su organización, el 40% del presupuesto procede de las ayudas públicas, fundamentalmente del convenio suscrito con la Diputación Foral de Guipúzcoa. El otro 60% se completa con los recursos propios y las ayudas procedentes de los socios. "Si tenemos posibilidad de abordar las necesidades que surgen, lo intentamos, y después ya recurrimos a la Administración para que financie esos gastos. Pero en una primera instancia lo intentamos con nuestros medios".

En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de estas ONGs, que son los que más sufren la precariedad por la falta de un marco normativo y porque a veces las ayudas públicas llegan a destiempo, Lafuente destaca que "Cáritas trata de dignificar todo lo que puede la situación de los trabajadores". La ausencia de un convenio provoca "una cierta dispersión" y hace que sea "más complicado hablar de un sector regulado".

El convenio que se aprobó el año pasado a nivel estatal se encuentra en estos momentos impugnado y a la espera de una resolución judicial. "No hay ningún convenio específico para el sector, y por eso cada uno echa mano del que puede ajustarse mejor a las características de cada entidad", apunta Lafuente. "Se trata de revisar los convenios que hay alrededor y adoptar uno".

Los datos del Tercer Sector

- Plantilla. Integran el Tercer Sector en Euskadi unas 1.600 entidades, en las que trabajan cerca de 18.000 personas de forma remunerada, casi el mismo número de profesores no universitarios que tiene en nómina Educación y 6.000 personas menos que Osakidetza. Otras 60.000 lo hacen de forma voluntaria.

- Peso económico. En 2002, estas entidades movieron un presupuesto de 520 millones de euros, un 1,4% del PIB generado en Euskadi. En términos de empleo retribuido, supone casi el 2% del de la comunidad. El Ararteko ha analizado 293 entidades, en las que trabajan 8.000 personas con sueldo y gestionan al menos 278 millones de euros. El 71% de esa cantidad fue financiado por las administraciones.

- Mayoría de mujeres. Siete de cada diez personas que trabajan en el sector son mujeres.

- Profesionalización. El 70% de las entidades de la muestra dispone de alguna persona liberada, ya sea a tiempo completo o parcial.

- Convenios. Hasta el año pasado no existía convenio en el Tercer Sector. Cada entidad aplica el que más se ajusta a sus especificidades o no aplica ninguno. Entre las entidades profesionalizadas, un 65% tiene algún tipo de convenio firmado. En líneas generales, los trabajadores de este sector cuentan con unas condiciones salariales inferiores a otras áreas del mercado privado.

- Jornada. Más del 90% de los empleados trabaja entre 31 y 40 horas semanales como mínimo.