Ares priorizará a los 'ertzainas' para vigilar sedes policiales

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, tiene previsto priorizar a los ertzainas en labores de segunda actividad, en detrimento de la seguridad privada, para la vigilancia de centros policiales. Así se recoge en una respuesta parlamentaria presentada ayer por el titular del departamento, en la que se da réplica a las preguntas del PNV sobre la supuesta pretensión de privatizar la custodia de las comisarías.

Ares recuerda en su escrito que las empresas privadas "ya desempeñan tareas de vigilancia, desde hace años, por decisión de Gobiernos anteriores" del PNV. En este sentido, pone como ejemplos la comisaría de Oiartzun o la Academia de Arkaute y asegura que incluso la central de Erandio tiene seguridad privada en la vigilancia perimetral y de accesos desde octubre de 2000, la fecha de su inauguración.

Ares recalca, por otro lado, que su departamento no ha adoptado, "a fecha de hoy", ninguna decisión sobre la incorporación de nuevos vigilantes que puedan conllevar una ampliación del número de los existentes desde que se implantó el sistema. Desvincula esta cuestión, asimismo, de la polémica suscitada en torno a la reducción de los servicios de escolta a políticos y otros profesionales amenazados. Una medida, adoptada en el marco de la actual crisis y ante el descenso de la actividad terrorista, que podría dejar en paro a cientos de guardaespaldas.

Negociación laboral

El desarrollo de la segunda actividad forma parte de las intensas negociaciones laborales que el departamento mantiene desde hace meses con los sindicatos de la Ertzaintza. De hecho, es uno de los puntos clave en las mismas, junto a la firma de un nuevo convenio o la implantación de la carrera horizontal. Ares aclara en su respuesta que, si se alcanza un acuerdo, "las tareas de vigilancia de determinados edificios serán desempeñadas de forma prioritaria por agentes" de la Policía vasca.

El consejero sostiene que esta cuestión se recoge en el plan de modernización de la Ertzaintza que él mismo presentó en noviembre ante el Parlamento. "De acuerdo con este criterio, podría darse la circunstancia de que el número de centros con vigilancia privada se viera incluso reducido para que esas tareas fueran desempeñadas por agentes en situación de segunda actividad", avanza el titular de Interior.