Aval a los servicios mínimos en los comedores
El Tribunal Superior ha avalado el decreto de servicios mínimos del Gobierno ante la nueva huelga en los comedores de colegios públicos convocada para hoy y mañana, que va a afectar a cerca de 50.000 escolares. A diferencia de lo que ocurrió en noviembre pasado, cuando el alto tribunal suspendió el decreto del Ejecutivo, ahora los acepta porque "entonces se encontraban menos motivados y eran muy superiores", recalca el fallo dictado ayer.
Hace dos meses, el Gobierno obligó a cumplir con el 50% de la prestación habitual en las cocinas, el 60% en los comedores de Primaria y el 80% en Enseñanza Infantil. El decreto para la huelga de estos días fija un mínimo del 10% del personal de cocina, 10% del de office y, en cuanto a los monitores, el 80% para el alumnado de dos y tres años y el mínimo indispensable para los niños con necesidades educativas especiales.
El Superior acepta el decreto de Educación ante los dos nuevos paros
El Superior justifica que haya una prestación concreta de servicios porque, "de lo contrario, podría llegar a afectar al derecho a la educación". Resalta, que salvo con los más pequeños, sólo debe trabajar el 10% del personal. "De ahí que la Sala considere que no se ha desnaturalizado el ejercicio del derecho de huelga", añade.
La resolución fue rechazada poco después por los sindicatos convocantes (ELA, CC OO, UGT y LAB), quienes aseguraron que tales servicios mínimos "no garantizan la seguridad de los niños". Explicaron que la decisión judicial "ya estaba tomada, sin ni siquiera hacer la vista entre las partes que siempre se suele hacer".
Los comedores escolares públicos son gestionados por contratas, que suman 2.500 trabajadores. Las centrales convocantes reclaman una subida salarial de 5% para equipararse con el personal laboral no docente, además de un formación específica y una reducción del número de niños a cargo de cada monitor. Educación ha argumentado que no hay recursos para atender estas peticiones y que el coste actual de los comedores escolares asciende a 60 millones de euros, de los cuales la consejería paga el 72%.
