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Reportaje:

Bilbobus: un conflicto sin paradas

La virulenta huelga indefinida que sufre la capital vizcaína es el último de una larga lista de desencuentros - Parte del problema es herencia del anterior gestor

La huelga indefinida que los trabajadores de Bilbobus mantienen desde el pasado 9 de noviembre hunde sus raíces, en parte, en los veinte años que la anterior adjudicataria, Transportes Colectivos SA (TCSA), gestionó el servicio en Bilbao. La negociación del convenio a principios de 2008 fue el último motivo de disputas entre la antigua adjudicataria y los trabajadores que se remontan a 1994, cuando el desacuerdo en torno al convenio obligó a intervenir al Gobierno vasco. Desde entonces, se han intercalado los desencuentros por el calendario laboral o las nóminas y las huelgas más o menos duraderas. En plena Aste Nagusia de 2007, los conductores dejaron el volante para regularizar el sistema de bolsa de trabajo y, finalmente, sólo se adoptó una solución provisional. Veolia, la multinacional francesa que asumió la dirección de las 46 líneas de autobús en agosto de 2008, heredó un conflicto laboral por la negociación del convenio que no terminó hasta tres meses después con la firma de una subida de sueldo del 13,5% en dos años.

El comité ejercía con TCSA funciones que le otorgaron un gran poder en la empresa

Fuentes consultadas por este periódico sitúan en dos puntos concretos la clave de la virulencia relacionada históricamente con los conflictos de los trabajadores del servicio de autobús en Bilbao. Por un lado, se trata de una prestación pública de gran importancia para los vecinos, lo que se traduce, ya de entrada, en una importante ventaja para el comité. De otro, TCSA habría dejado al comité concentrar tantas funciones dentro de la empresa, que ésta se había vuelto "casi suya", señalan fuentes conocedoras del conflicto.

El año pasado Veolia ya sufrió una huelga, aunque no llegó a ser indefinida. En aquella ocasión, según portavoces de la empresa, los paros se produjeron por los "cambios de hábitos" que Veolia trató de introducir en cuanto a las funciones atribuidas al órgano sindical. En concreto, la compañía, que gestionará el servicio al menos hasta 2016, no veía normal que el comité organizara los turnos y las líneas del servicio. Retirarle esas atribuciones para dárselas a la dirección "no gustó" al comité, según la empresa. Tras llegar a un acuerdo sobre cómo organizar el servicio contando con el organismo que representa a los trabajadores, las aguas volvieron a su cauce, aunque no por mucho tiempo.

Esta es una de las huelgas más largas y violentas de la historia de los conflictos de Bilbobus y la primera indefinida para Veolia, pero no ha sido la peor. Los paros parciales de 2008 se saldaron con unos 250 sabotajes y durante dos semanas ni siquiera se cumplieron los servicios mínimos. TCSA calculó pérdidas de 600.000 euros en dos meses.

No obstante, el comité considera que el problema es que Veolia ha "incumplido" el convenio pactado en su día, lo que habría motivado un sentimiento de "desconfianza" entre los trabajadores y la multinacional francesa que explica la larga duración de los paros. "Nos costó sangre y sudor negociar el anterior convenio y lo están incumpliendo. En Santiago de Chile también les han hecho huelga, no sólo hay incumplimientos aquí", señala el presidente del comité, Pedro Angulo (UGT).

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Tras varias negociaciones, el principal escollo para poner fin a la huelga es el disfrute con libranzas de las horas extras acumuladas -Veolia asegura que TCSA no devolvió esas horas durante 3 años- y el abono del tiempo dedicado a las reuniones. Y eso que aún no han abordado la negociación del convenio. Veolia pretende prorrogar el actual un año y negociar en 2011, y el comité reclama una subida del IPC+5 y del IPC+4 en los dos próximos años.

La semana pasada arrancó la mediación del abogado laborista Iñaki Eguskizaga, que ya buscó el consenso en anteriores conflictos con TCSA. Las reuniones se han desarrollado por separado y continuarán mañana. El comité asegura buscar una salida definitiva, pero el informe de Eguskizaga no será vinculante porque los sindicatos no aceptaron un arbitraje que sí obliga a ambas partes, tal y como pretendía Veolia. Así las cosas, como siempre, la capital vizcaína asiste impotente a los reiterados conflictos en el transporte público que le castigan con una periodicidad excesiva. El metro y el tranvía evitan que la repercusión en el día a día de los ciudadanos sea mayor.

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