La Cámara acepta que devolver la VPO permita saldar deudas a su comprador
Reconoce por ley la vivienda como un derecho público subjetivo exigible
El Parlamento vasco está a favor de que las familias que viven en una vivienda protegida y estén endeudadas puedan devolver su VPO y queden libres de estas deudas para poder afrontar los pagos. Así lo acordó ayer, por medio de una propuesta de resolución del PNV, al final del primer pleno monográfico de esta legislatura, que se centró en debatir las políticas de vivienda y que en su sesión matinal provocó el interés de pocos parlamentarios.
El texto aprobado recoge que el Gobierno fije acuerdos con las entidades de crédito en sus convenios para que "en los procesos de ejecución hipotecaria la dación en pago de la vivienda libere totalmente de la deuda" en el caso de la VPO. No salió adelante, sin embargo, otra propuesta, de EA, en la que se incluía la dación del pago, concepto por el que se conoce esta figura, como una fórmula también para quienes compren una vivienda en el mercado libre. Este partido insistió en promover la iniciativa, aunque ya fue rechazada en un pleno ordinario de marzo.
La dación en pago para las casas del mercado libre, rechazadas
A pesar de las críticas de partidos como el PP o el PNV al anteproyecto de ley, la Cámara sí dio su visto bueno a algunos de sus ejes. Entre ellos, aunque de manera muy general, al de reconocer por ley el derecho a la vivienda como "derecho público subjetivo que debe ser garantizado efectivamente por los poderes públicos y exigible ante la Justicia". El PNV insistió en que la formulación del texto legal deja fuera a los mileuristas. El PP criticó el establecimiento de este derecho en cuanto conoció el contenido de la futura ley.
Durante la mañana, el pleno se centró en las críticas de la oposición hacia la consejería que dirige Iñaki Arriola, por no plasmar en la realidad lo que sí está sobre el papel -el plan director de vivienda 2010-2013- para potenciar la vivienda en alquiler. En este sentido, la Cámara aprobó que el 50% de las viviendas promovidas por el departamento sean de alquiler, en vez del 40% recogido en el plan. Este documento, que cuenta con un presupuesto total de 1.389 millones de euros, y la futura Ley de Vivienda, fueron los principales focos del debate. El debate social promovido por el departamento seguirá abierto hasta mañana.
Arriola anunció durante su presentación que su departamento trabaja para buscar acuerdos con fondos de inversión exteriores y con el Banco Europeo de Inversiones, ya que el presupuesto actual del departamento no es suficiente. La idea está pensada para "llevar a cabo los compromisos del Plan Director en la legislatura, sin que ello suponga un endeudamiento inasumible para el Gobierno".
El plan recoge la posibilidad de recabar inversión externa para financiarse y evitar rebasar los límites legales de endeudamiento que existen hoy en día. De hecho, la consejería trató de financiar 1.600 viviendas para el alquiler con fondos privados, pero tuvo que paralizarlo.
Otro aspecto en los que la oposición fue unánime fue el retraso -se prevé que el nuevo texto legal llegue a la Cámara a finales de año- y el modo de tramitación de las iniciativas sobre vivienda. En este sentido, la Cámara aprobó una resolución por la que se insta al Ejecutivo "a que se aparte de debates virtuales y propaganda en los medios" y presente "de modo inmediato" el proyecto de ley de este ámbito.
El PP se centró en criticar la actual Ley del Suelo por considerar que condiciona la calidad de las políticas de vivienda. El PSE, por su parte, defendió la colaboración entre los ámbitos público y privado para avanzar en la mejora del acceso a la vivienda, mientras que Aralar y UPyD cargaban contra el departamento por favorecer a las promotoras inmobiliarias y por la "visión mercantilista" respectivamente, EB censuraba que "el Gobierno vuelve a castigar a los más necesitados" y EA pedía presionar a las entidades bancarias por inmovilizar sus inmuebles.
Complemeto de vivienda
La Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una ayuda con solo un año de antigüedad, debería ser tramitada por el Departamento de Vivienda. Así lo aprobó la Cámara que, a instancias de EB, pidió "asignar todas las competencias y recursos presupuestarios relacionados con la PCV al departamento competente en materia de vivienda".
En estos momentos son los Ayuntamientos y las Diputaciones quienes tramitan la ayuda junto con el Departamento de Asuntos Sociales. El proceso se realiza de forma paralela al de otra prestación, la Renta de Garantía de Ingresos, porque para recibir el complemento de vivienda es indispensable ser perceptor de la RGI. De hecho, el Parlamento trabaja ahora en una modificación legal para que sea Lanbide quien gestione estas dos ayudas. Vivienda asegura que el salto de la PCV a este departamento responde al programa de Gobierno, pero, aunque se podría haber realizado el cambio en el proyecto de modificación de ley que llegó al Parlamento en enero, no está contemplado. Sí existe la posibilidad de enmendarlo para cambiar la PCV de departamento. Asuntos Sociales, en cambio, guardaba silencio.
¿Una ley descafeinada?
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, pidió ayer a los partidos que tengan voluntad para lograr avances en esta materia y conseguir una normativa, la futura ley de vivienda, que no quede diluida. Arriola reclamó compromisos "reales y firmes" para evitar caer en iniciativas que sigan en la línea de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Por ello, solicitó a los parlamentarios que "huyan de propuestas banales y recurrentes". Se dirigía sobre todo al PNV y el PP, que han criticado con dureza el anteproyecto de ley -no será debatido en el Parlamento hasta 2012- suficiente como para hacer dudar a Arriola de que se pueda alcanzar el consenso.
El portavoz del PNV, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, criticó que el anteproyecto tiene la "misma filosofía que el modelo que ha llevado al desastre" a la vivienda vasca. El portavoz jeltzale devolvió la crítica al consejero, asegurando que sus iniciativas son continuistas y pidiendo un nuevo modelo de políticas de vivienda para evitar "parchear" el que está vigente. Asimismo, Arieta-Araunabeña censuró que el Gobierno no está cumpliendo sus objetivos de creación de vivienda.
Resoluciones
- El Parlamento aprobó ayer 58 de las 89 propuestas de resolución en el pleno monográfico de vivienda. Estos son algunos de los acuerdos más importantes.
- La Cámara aceptó crear la figura específica el arrendamiento con opción a compra a cinco años. Así se amplía la posibilidad de pasar del alquiler de VPO a la compra, solución que el departamento preveía solo para 1.000 viviendas en cuatro años.
- Se pide al Ejecutivo "facilitar el acceso al crédito a los ciudadanos para la compra de vivienda libre y protegida".
- Las viviendas vacías que se prevé movilizar alcanzan las 4.000 en los cuatro años del plan director. La Cámara pidió que sean 15.000.
- El Parlamento da su visto bueno al polémico canon fiscal que se plantea para la futura Ley de Vivienda por mantener las viviendas vacías y a la expropiación forzosa.
- No salió adelante una propuesta de UPyD para expropiar la vivienda protegida a quienes, en tres ejercicios consecutivos, superen en un 50% los niveles para ser una persona adjudicataria de una VPO.
- Los parlamentarios aprobaron pedir a Vivienda que establezca baremos en los sorteos de VPO en torno al tamaño de la unidad familiar que pide una vivienda o teniendo en cuenta la antigüedad de la solicitud. Rechazaron otra para eliminar los sorteos y priorizar según su renta.
- PNV y PSE pidieron un plan de incentivación para el sector de la construcción.
- Se pide cambiar la Ley del Suelo para que los ayuntamientos establezcan el porcentaje de VPO según sus necesidades.
