El Círculo de Empresarios plantea reducir el Impuesto de Sociedades al 23%
El Círculo de Empresarios, el lobby que agrupa a directivos de las principales compañías vascas, propuso ayer una rebaja del Impuesto de Sociedades desde el 28% actual hasta un 23%, el tipo medio de la UE, con el propósito de que las empresas radicadas en Euskadi no pierdan competitividad. Esta propuesta a las Diputaciones, junto con otras 23 de un carácter más técnico, figura en el último número del Boletín de Estudios Económicos que edita la Asociación de Licenciados de la Universidad Comercial de Deusto.
Bajo el título general Política fiscal y Concierto Económico frente a la crisis, la publicación recoge una serie de artículos de destacados profesionales y especialistas. La citada rebaja de cinco puntos supondría una merma en la recaudación tributaria de 187 millones de euros, contabilizando a 37,4 millones cada punto de descenso, en función de los datos de recaudación prevista para 2011 que aprobó el último Consejo Vasco de Finanzas de octubre pasado.
El presidente del Círculo de Empresarios, José Domingo Ampuero, quien ayer presentó el boletín junto a la decana de la Comercial, Susana Rodríguez Bidarte, entre otros, incluyó también entre sus demandas la participación directa de las instituciones vascas en organismos internacionales, no sólo de la Unión Europea, sino también en la OCDE o el FMI.
Coordinación fiscal
Otro destacado apartado de las recomendaciones del Círculo de Empresarios se refiere a la coordinación fiscal. Tras el último conflicto entre las instituciones forales a causa de la desarmonización en el Impuesto sobre el Patrimonio, los empresarios reclamaron una mayor coordinación, no solo en materia de tipos y figuras impositivas, sino sobre todo en cuanto a la inspección. "La dispersión actual genera serios problemas de competitividad", citan.
Esta demanda es considerada lógica por la mayoría de expertos en tributos, ya que la lucha contra el fraude se limita ahora a cada provincia. Guipúzcoa ha hecho saltar las alarmas en este terreno: sus últimos datos de fraude aflorado, correspondientes al año pasado, suman 317,5 millones de euros, lo que supone el 40,7% del presupuesto operativo de la Diputación.
El lobby empresarial, que no tiene previsto presentar estas propuestas a la Administración, demanda además que se abandone la "tendencia a limitar el tratamiento de las rentas irregulares en el caso de que estas sean elevadas, como sucede, por ejemplo, en el supuesto de opciones sobre acciones", que afectan básicamente a los altos directivos.
