E. AZUMENDI - Vitoria - 08/05/2008
El Consejo Escolar de Euskadi aplaude el proyecto del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, con el que el Departamento de Educación pretende devolver la autoridad a los docentes, pero le pone una pega. Considera que casi toda la responsabilidad sancionadora recae en manos de la dirección de los centros, sin que se mencionen la comisión de convivencia del centro ni el equipo docente.
Para el Consejo, "sería necesario repartir responsabilidades entre el profesorado, sobre todo los tutores, y dar opciones a la participación". Esta es una de las principales conclusiones del dictamen elaborado por el Consejo, un órgano consultivo integrado por miembros de toda la comunidad educativa, sobre la normativa que está a punto de aprobar el Gobierno.
El decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos es el marco que establece las normas de convivencia en los centros escolares. El que ahora se encuentra en vigor tiene más de diez años de antigüedad. El nuevo decreto establece que los directores podrán sancionar y apartar del centro a los alumnos conflictivos de manera inmediata y con carácter preventivo, cuando la gravedad del caso lo requiera. No habrá que esperar a que se resuelva el expediente, como sucede en estos momentos.
Esta es la principal novedad que emana del principio pedagógico de que los castigos deben ser inmediatos para que tengan valor. Así, se podrán tomar medidas inmediatas, aunque se mantenga el procedimiento garantista de abrir el expediente. Según el dictamen del Consejo, si en los centros educativos se quiere promover una educación democrática y por la ciudadanía, esta apuesta tiene que estar reflejada de alguna manera en la norma. "Tiene que haber participación en la gestión de la convivencia y en la resolución de conflictos", señala.
Por otra parte, considera que habría que informar al Consejo Escolar del centro (el máximo órgano de representación) de los incidentes más significativos y de las medidas que se adopten.
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