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ANÁLISIS
Columna
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¿Diputaciones forales o florales?

Con gran acierto y agudeza, el jurista vizcaíno Vicario de la Peña remarcaba la diferencia sustancial existente entre las antiguas Diputaciones forales del Antiguo Régimen y las Diputaciones que las sustituyeron tras la abolición de los Fueros. Para el jurista, las nuevas Diputaciones son una organización española administrada al modo vasco gracias a los recursos del Concierto. Yo, con menos agudeza y acierto, diría que estas Diputaciones no son "Diputaciones forales", sino "Diputaciones florales", algo que suena parecido, pero que es totalmente distinto.

Asistimos en estos momentos a una ópera bufa donde algunas de estas "Diputaciones florales" se oponen a todos los cambios necesarios que propone el Gobierno vasco amparándose en los supuestos derechos históricos que tenían aquellas Diputaciones forales del Antiguo Régimen. Se niegan a que los Ayuntamientos se sienten con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), ya que entienden que son ellas las que los deben tutelar financieramente. Se niegan a que el Parlamento vasco revise el ejercicio de las competencias de cada Administración para evitar duplicidades e ineficiencias, porque dicen que sus derechos históricos les otorgan competencias privativas que no pueden ser modificadas por el Parlamento. Se niegan incluso a poner en marcha medidas de coordinación fiscal que puedan incrementar la eficacia de la lucha contra el fraude, porque dicen que su Hacienda es suya y nada más que suya.

Puras falacias. Los derechos históricos de las actuales Diputaciones solo pueden ser analizados con referencia a dos momentos históricos: o se refieren a los derechos que tenían las Diputaciones forales en el Antiguo Régimen, o se refieren a los derechos que mantuvo Álava hasta 1978 y Gipuzkoa y Bizkaia hasta 1937.

Si los actuales foralistas quieren inventarse un "foralismo" historicista, pretendiendo un escenario competencial similar al que pudiera existir hace dos siglos, deberían empezar por suprimir el actual sistema que rige en la Diputación y sustituirlo por uno inspirado en el modelo de aquellas verdaderas Diputaciones forales: con los Ayuntamientos sentados en las Juntas y con la Diputación obedeciendo a los mandatos de las Juntas. Por eso resulta increíble que las actuales Diputaciones florales nieguen en nombre de la historia la presencia de los Ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas y reclamen para la Diputación el derecho de tutelar financiera y presupuestariamente a los Ayuntamientos. Es como si el mayordomo pretendiera negarle la comida a su patrón.

Si, por el contrario, reconocemos que las competencias privativas de las actuales Diputaciones son las que tenía Álava hasta 1978, tendremos que recordar que los tribunales ya han negado a las Diputaciones su derecho a tutelar financieramente a los Ayuntamientos vascos. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de abril de 2002, rebatió la falsa teoría foralista de que los Territorios Históricos tienen la misma facultad normativa en materia económico-financiera municipal que la que tienen en materia tributaria. Por ello, el Supremo anuló las Normas presupuestarias municipales aprobadas por las Juntas con esa intención normativa y declaró que las competencias de los Territorios Históricos en materia económico-financiero municipal son de mera ejecución.

Tampoco se entiende la oposición de algunas Diputaciones al intento de reordenar las competencias de nuestro entramado institucional. Debemos recordar que las únicas competencias que pueden reclamar como privativas las actuales Diputaciones florales son las cuatro competencias que tenía la Diputación alavesa en 1978: Hacienda; Carreteras y Miñones; Montes, Agricultura y Ganadería, y financiación de Ayuntamientos. Todas las demás competencias actuales de las Diputaciones derivan de la LTH, en donde el Parlamento decidió unilateralmente completar esas cuatro competencias privativas con otras más, por lo que el Parlamento puede rediseñar el modelo a la vista de la actual situación económica actual. que exige evitar duplicidades y despilfarros.

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¿Y qué decir del tema fiscal?. En el momento actual está meridianamente claro que, o bien la Unión Europea coordina su política fiscal, o simplemente salta por los aires el euro y, probablemente, todo el edificio de la Unión. En ese contexto, ¿no resulta bufo ver a una Diputación floral que se niega a admitir que su pequeña Hacienda oponiéndose a todo cambio e incluso a que deba ser coordinada con las otras Haciendas vascas?

Por eso la reunión del próximo CVF va a ser ilustrativa del verdadero estado de la política vasca, pues en el CVF se puede fijar el reparto de los impuestos entre Ayuntamientos y Diputaciones, las reformas fiscales y los planes de lucha contra el fraude. Si Bildu deja de apoyar al foralismo y permite con su voto o con su abstención que el Gobierno vasco gane las votaciones, pues el Gobierno tiene tres de los seis votos posibles, estaremos ante un cambio del modelo realizado con las propias armas del foralismo, ya que ese acuerdo del CVF no puede ser enmendado por el Parlamento, quien se tiene que limitar a aprobarlo o rechazarlo. En caso contrario, si hay empate, la discusión pasa al pleno del Parlamento, donde se discuten y se votan las discrepancias, por lo que el posible pacto PN-PP impediría los cambios.

En definitiva, Bildu tiene que elegir entre seguir sacándole las castañas del fuego al PNV o favorecer el inicio del proceso para modernizar nuestras Diputaciones para que sean un poco menos florales.

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