A. E. / K. A - San Sebastián - 27/08/2009
Tres formaciones presentes en las Juntas Generales de Guipúzcoa, -Alternatiba, Aralar y Hamaikabat, que controla el Departamento de Politica Social en el ente foral- salieron ayer en defensa de la nueva prestación de 512,5 euros mensuales (el 80% de la renta de garantía de ingresos) para unidades familiares unipersonales en Guipúzcoa que no cumplan los requisitos para acceder a la antigua renta básica -la cuantía puede aumentar si la familia es más numerosa, mientras que las ayudas en estos casos en Vizcaya y Álava son menores-.
Por su parte, Eusko Alkartasuna instó a los responsables institucionales a unificar los criterios exigidos por las distintas administraciones para optar a los servicios sociales públicos y remarcó la necesidad de revisar la Ley de Territorios Históricos (LTH), que regula y define las relaciones entre las instituciones forales y las comunes, tras la polémica surgida en Guipúzcoa por la nueva ayuda.
"Es injusto que una persona que vive en Llodio y otra que vive en Orduña, o quienes viven en Elgoibar y Ermua, a escasos kilómetros, tengan servicios sociales diferentes [...]. En esta época de crisis, cuando la entrada de dinero es menor y la demanda de servicios sociales mayor, no podemos permitirnos el lujo de duplicar gastos y esfuerzos", señaló la secretaria de Comunicación de EA, Ikerne Badiola. En los años 80, la LTH enmarcó la batalla interna del PNV que desembocó en la caída del entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, y la posterior escisión PNV-EA.
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