Educación mantiene su delimitación de Euskal Herria por 'criterios inclusivos'
Una sentencia reconoce la "carga ideológica" de los anteriores decretos
El término Euskal Herria se referirá, dentro de las aulas, al ámbito cultural y lingüístico y, en casos aislados, al territorio vasco en un contexto en el que Euskadi no existía aún. Ése es el planteamiento de las modificaciones de los decretos curriculares redactadas por el actual Departamento de Educación.
Y es que la utilización de Euskadi y Euskal Herria en la normativa educativa vasca aprobada por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe en 2007 es "claramente una opción de intensa carga ideológica", según dictó el TSJPV en una sentencia hecha pública en septiembre. Eso sí, el mismo tribunal no ve indicios de ilegalidad en el uso de Euskal Herria en los decretos del gobierno anterior.
Las modificaciones pasan su última verificación en la comisión jurídica
Este cambio entre las modificaciones de los decretos promovidas por la consejera de Educación, Isabel Celaá, responde a "criterios inclusivos, para que incluya a toda la sociedad vasca", según la viceconsejera de Educación, Marian Ozcariz.
La sentencia no tacha de ilegal su uso en los decretos del anterior gobierno pero "en ningún caso hemos hablado nosotros de la legalidad de este término", recuerda Ozcariz y alude a que el propio departamento mantiene el concepto en unos supuestos concretos.
La consejera sí se refirió a la ilegalidad de algunos apartados de los decretos anteriores, pero lo hizo sobre aspectos como la jerarquización de los idiomas de los decretos del anterior consejero, Tontxu Campos (EA), que recogen el euskera como lengua vehicular principal de la enseñanza. Estos artículos están bajo suspensión cautelar del mismo tribunal.
Por esta razón, Ozcariz restó importancia a las críticas vertidas por los grupos políticos nacionalistas. Estos criticaron al departamento por ocultar la sentencia, un aspecto al que fuentes de Educación respondieron ayer así: "nosotros no interpusimos el recurso, sino la Abogacía del Estado".
En referencia a la petición de algunos políticos, Ozcariz negó la posibilidad de plantearse paralizar el proceso que siguen las modificaciones, reiterando que la motivación de estos cambios reside en un criterio de inclusión y no de legalidad. Estos nuevos decretos prosiguen en la actualidad su proceso de verificación en la comisión jurídica antes de su publicación en el BOPV.
La sentencia recoge otro punto en el que indica que los decretos del Ejecutivo de Ibarretxe no recogían los mínimos establecidos a nivel estatal en materia de Educación Básica. Este aspecto, según Ozcariz, fue previsto con anterioridad por el nuevo departamento, que corrigió los puntos en los que no se mantuvieron los criterios dictados por la legislación española durante la redacción de sus modificaciones en verano.
