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Euskadi persigue anular la multa de la UE por las 'vacaciones fiscales'

Las Diputaciones defienden en Luxemburgo que las ayudas ya están recuperadas

Mikel Ormazabal

Las instituciones vascas se enfrentan hoy ante el examen final de las vacaciones fiscales. La UE dará la última palabra a las Diputaciones en el juicio que abre el Tribunal de Luxemburgo por unos incentivos que aquellas concedieron en los años noventa a empresas y fueron declarados ilegales por la Comisión Europea (CE). A un lado se sentarán la delegación vasca y la representación legal del Estado español. Y aunque resulte paradójico, enfrente se situarán los defensores de la Comisión Europea y del Gobierno de La Rioja. Un dictamen judicial favorable para Euskadi podría tener un efecto determinante para otro proceso paralelo, el que promueve Bruselas para imponer una sanción millonaria contra España por considerar que no se han recuperado íntegramente las ayudas concedidas.

Vizcaya argumenta que la Comisión Europea "cambió de opinión"
Mendia: "Las empresas han devuelto más de lo que dice la UE"

El Tribunal de Justicia de la UE verá hoy el recurso presentado en casación por las Diputaciones vascas contra la sentencia del 9 de septiembre de 2009 del Tribunal de Primera Instancia europeo que declaró ilegales las vacaciones fiscales: la exención del Impuesto sobre Sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994 durante sus primeros diez años de vida, siempre que invirtiesen más de 480.810 euros y generasen al menos 10 empleos. Aún siguen abiertos otros dos procedimientos, referidos a las minivacaciones y el crédito fiscal del 45%, también declarados contrarios a Derecho por la justicia europea.

Las Diputaciones vascas, que en este litigio cuentan con el apoyo del Gobierno autonómico, consideran que su actuación al aprobar aquellas ayudas fue "correcta", tal y como apuntó ayer el Ejecutivo vizcaíno, que contará en Luxemburgo con la presencia de su titular de Hacienda, José María Iruarrizaga. En su defensa, argumentarán que inicialmente la CE no consideró ilegales los incentivos, sino que fue a partir de 2000 cuando "cambió de opinión" y los calificó como ayudas de Estado. Por esta razón, la Diputación vizcaína sostiene que Bruselas "no debería haber exigido la recuperación de las cantidades disfrutadas por ser contrario a los principios del Derecho comunitario".

Guipúzcoa, que envía al director de Política Fiscal, Aitor Orena, insistirá en que las ayudas ya han sido recuperadas por las haciendas: "Vamos a defender básicamente que ya se han hecho las gestiones oportunas y se han recuperado los importes", afirmó el portavoz foral, Eneko Goia. Y Álava, en cuyo nombre irá su responsable del fisco, José Luis Cimiano, aportará como razonamiento la "situación de indefensión" en que se hallaron las haciendas mientras la Comisión no determinó la posible ilegalidad de las ayudas. Expondrán que Bruselas tardó 79 meses en elaborar el examen preliminar sobre la adecuación de esas ayudas fiscales a la normativa comunitaria.

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En este proceso se enjuicia realmente si los controvertidos beneficios tributarios son ajustados al Derecho de la UE, aunque la resolución final afectará directamente a la obligación de recuperar las cantidades que las Haciendas dejaron de ingresar. La ratificación de la sentencia de 2009 supondría cumplir con las órdenes de Bruselas de exigir a las cerca de 300 empresas beneficiarias el reintegro de los incentivos. En cambio, si prospera el recurso de las Diputaciones, estas utilizarán el fallo para abandonar la vía de la recuperación de las ayudas, aunque han reiterado, en contra del criterio de la Comisión, que ya han sido devueltas en su totalidad.

Al respecto, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, indicó ayer que las empresas han devuelto mucho más de lo que sostiene la UE por este capítulo. El proceso judicial, en su opinión, servirá no tanto para defender la legalidad o no de las vacaciones fiscales, "que está ya aclarado", sino para "defender, contra las posiciones de la Comisión Europea, que las empresas han hecho más devoluciones de lo que dice la UE".

La gran preocupación de las instituciones vascas es el efecto que tendría este proceso, y su correspondiente resolución, en la causa que abrirá la Comisión ante el mismo tribunal de Luxemburgo por continuar pendientes de cobro parte de las ayudadas concedidas. Bruselas, que en 2001 ordenó al Reino de España la recuperación de las mismas, anunció en noviembre pasado su intención de solicitar al tribunal la imposición de una sanción por incumplir aquel mandato y desoír las continuas advertencias hasta fechas muy recientes. Bruselas propone multar con unos 40 millones de euros (25.817,40 euros al día desde la resolución de 2006 hasta que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre esta petición).

José Luis Bilbao (en primer término), ayer en la recepción a los participantes en el programa foral para atraer talento.
José Luis Bilbao (en primer término), ayer en la recepción a los participantes en el programa foral para atraer talento.LUIS ALBERTO GARCÍA

La Rioja critica la parcialidad de Zapatero

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, puso ayer el grito en el cielo para censurar la alianza del Gobierno de España y las Diputaciones vascas en la defensa legal de las llamadas vacaciones fiscales ante el Tribunal de Luxemburgo. "Me produce vergüenza y tristeza", afirmó el mandatario riojano por sentirse más protegido por la Comisión Europea que por el propio Ejecutivo español.

Sanz recordó que el Ejecutivo central invitó en enero pasado al riojano para tratar cuestiones relacionadas con la vista oral que se abre hoy en el tribunal europeo. La Rioja solicitó entonces a Madrid, según recordó Sanz, que "ejerza su papel constitucional y no apoye unas medidas fiscales manifiestamente abusivas, que han pretendido quebrar, en beneficio exclusivo del País Vasco, los principios de solidaridad y de igualdad interterritorial, que son pieza básica de la organización del Estado".

La Rioja apoya íntegramente en este proceso la argumentación de la Comisión Europea contra las ayudas fiscales concedidas en Euskadi en los noventa. Sanz, del PP, fue muy crítico con el presiente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de no haber asumido su papel de garante de la igualdad entre todos los españoles al apoyar a las instituciones forales en un asunto que ha causado "discriminación" y "desigualdad" hacia La Rioja.

Sanz Alonso anunció que el Ejecutivo que preside llegará "hasta el final" en la defensa de los intereses de su Comunidad Autónoma y en contra de los "abusos" que se dieron en el País Vasco con la concesión de los incentivos a empresas. Por ello, reivindicó la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que contempla la compensación a la comunidad riojana por el efecto-frontera con el País Vasco. "Quien comete una infracción, que la pague", manifestó Sanz. A su juicio, "quien debe pagar las multas y la devolución de ayudas son las Diputaciones Forales", aunque apostilló que el Gobierno central también debe asumir su responsabilidad como miembro de la Unión Europea y garantizar que no se produzcan los abusos.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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