Fiscal Montes: "No podemos esperar a que el trabajador se lesione o muera"

De nuevo la violencia machista y la siniestralidad laboral centraron la intervención de la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, en la apertura del año judicial. Preocupada por el "alarmante" número de muertes en ambos casos, la fiscal hizo un llamamiento a luchar contra la siniestralidad laboral y la violencia de género.

En materia de seguridad laboral advirtió de que las estadísticas de Osalan revelan que la mayoría de los accidentes con infracción de la normativa de prevención se produjeron en el sector de la construcción, sobre todo por caídas de altura, y en la industria, por atrapamiento de trabajadores. Montes apuntó que el número de accidentes mortales ascendió a 41 frente a los 49 del año anterior, mientras que se contabilizaron 335 accidentes graves (más de 320 en 2006) y 43.548 leves (más de 46.000 en 2006).

Subrayó la fiscal que la tarea pendiente para todos los poderes públicos implicados es atajar estas conductas, "controlando y en su caso sancionando, incluso penalmente, las infracciones sobre cumplimiento de las medidas de seguridad antes de que el daño llegue a producirse". "No podemos esperar a que el trabajador se lesione o muera", subrayó de manera gráfica en su alocución. "Hemos de inspeccionar, controlar y sancionar, en su caso, la carencia de las medidas de protección adecuadas", indicó.

Aumento "alarmante"

La fiscal Montes advirtió igualmente del "aumento alarmante" de la violencia machista y familiar, con 2.946 procedimientos de maltrato familiar no habitual (2.458 en 2006) y 121 habitual. "Estos datos son relevadores de que algo no funciona bien en el seno de nuestra sociedad en general, en nuestras familias en particular", reflexionó. Lamentó que los actos de violencia machista se siguen produciéndose -el último, el pasado domingo en Santurtzi-, causando en España la muerte de 71 mujeres en 2007 y unas 60 en lo que va de año.

Montes apuntó de nuevo los problemas que subyacen a la posibilidad legal de que las mujeres maltratadas puedan no declarar contra sus parejas. Una situación que se agrava cuando se trata de extranjeros sin residencia legal, ya que la pena de prisión conllevaría la expulsión del territorio. Otro de los problemas es el efectivo cumplimiento de las órdenes de alejamiento, "que deben imponerse por imperativo legal siempre que haya una condena", con independencia del deseo de la víctima. La fiscal instó a todas las instituciones a seguir colaborando para erradicar esta violencia.