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El Gobierno abre el mercado de la VPO a las rentas medias-altas

Vivienda da un giro estratégico a favor de los municipios

La presencia de los socialistas al frente de la cartera de Vivienda va a deparar cambios sustanciales con relación a la política desarrollada por el anterior consejero, Javier Madrazo (EB). Entre esas novedades, Iñaki Arriola, el titular de la cartera, anunció ayer en el Parlamento su intención de abrir el mercado de la vivienda de protección oficial (VPO) a las rentas medias-altas, al permitir que participen en los sorteos solicitantes con ingresos superiores a los que hay establecidos ahora. En la actualidad, el límite de renta para acceder a una VPO de régimen general es de 33.000 euros y para una vivienda tasada, de 45.000.

Arriola, quien compareció ante la comisión de Vivienda, Obras Públicas y Transporte para dar cuenta de las líneas maestras que guiarán su actuación durante la legislatura, resaltó que, dado que el mercado protegido de vivienda es el que mejores condiciones de acceso ofrece para la gran mayoría de la población vasca, "se debe mejorar su accesibilidad económica, de manera que su capacidad de oferta abarque a un número mayor de estratos sociales". Arriola hiló este discurso con la conveniencia de que el precio de la vivienda protegida aumente para esas rentas más altas (ahora el precio medio es de 120.000 euros para la VPO general y de 240.000 para la tasada).

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Defiende el puerto de Pasaia como "motor económico" para Guipúzcoa

El objetivo sería estimular a la iniciativa privada en la promoción y la construcción de pisos en un momento de parálisis del mercado debido a la crisis. El consejero fue muy gráfico en este punto: "La viabilidad de la VPO ha descansado en el precio al que se vendía la vivienda libre, con el que se sufragaba la construcción del mercado protegido. Pero la libre, que lo aguantaba todo, ya no se vende. Tenemos muchas urbanizaciones paradas y la vivienda libre ya no puede tirar de la protegida". Por ello, se mostró partidario de aumentar el precio de la VPO cuando los costes de su construcción rebasen el precio fijado para ellas. De lo contrario, "la alternativa es que no se hagan".

Para evitar que esa situación se extienda y proliferen las urbanizaciones paradas en los municipios, Arriola presentó una iniciativa para que el Gobierno se encargue de urbanizar esos polígonos residenciales. Después se cobraría ese trabajo obteniendo la cesión de aprovechamientos y de solares para edificar. Esta nueva estrategia debe "dinamizar los mercados locales de vivienda, que en la actualidad se encuentran en una fase de ralentización debido a la escasa actividad de la iniciativa privada".

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El consejero avanzó que los ayuntamientos van a cobrar un gran protagonismo en la política de vivienda. Hasta el punto de convertirse "en uno de los agentes clave"; un papel que tendrá un alcance "mucho mayor que en los últimos tiempos", en referencia a las dos anteriores legislaturas en las que EB dirigió Vivienda. Ahí radica una de las grandes diferencias con Madrazo, quien atornilló a los municipios con una política muy centralista, lo que le acarreó grandes desencuentros con ellos. De momento, anunció la creación de un fondo de garantía para municipios y promotores para garantizar la compra de terrenos. Los socialistas gobiernan en gran parte de los principales ayuntamientos.

La reorientación del programa Bizigune para movilizar vivienda vacía, y en el que el Gobierno corre con una parte de los gastos del arrendamiento, constituye otra de las novedades. El consejero es partidario de que el Gobierno no ponga dinero y de asegurar los arrendamientos mediante la formalización de seguros multirriesgos, que aseguran el cobro de las rentas y el arreglo de los desperfectos.

El objetivo del departamento es construir a lo largo de los cuatro años de legislatura 40.000 viviendas protegidas, el 40% de ellas de alquiler.

Como hizo el anterior equipo de la consejería de Transportes y Obras Públicas, Arriola defendió con ahínco el proyecto del puerto exterior de Pasaia, porque es "un motor para la economía guipuzcoana", pero también admitió que debe construirse para salvaguardar los "equilibrios territoriales". El impulso del AVE es su gran prioridad y anunció que pedirá una reunión con Adif, la gestora de infraestructuras del Gobierno central, para agilizar los proyectos de entrada a las capitales e Irún, aún sin definir, como criticó el PNV. "Es Adif quien no ha hecho los deberes", dijo su portavoz Juan Antonio Arieta-Araunabeña.

El consejero indicó que se están estudiando la implantación del tranvía en Barakaldo y en la comarca del Alto Deba. Sobre la línea 4 del metro en Bilbao, hasta el barrio de Rekalde (donde el nuevo equipo ha desestimado el tranvía, tumbando así la primera infraestructura heredada del PNV), admitió que "será dificil que se inaugure antes de siete u ocho años".

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