El Gobierno se garantiza el apoyo del PP a la ley que pagará el plan anticrisis
Los populares consiguen introducir proyectos por 19 millones de euros
El Gobierno se garantizó ayer el apoyo del PP para sacar adelante en el Parlamento la ley de ayudas presupuestarias extraordinarias que dará soporte económico al plan anticrisis del Ejecutivo y permitirá su endedudamiento hasta mil millones de euros para compensar la caída de ingresos. La ley, que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes, cuenta ya así con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara gracias a los votos de socialistas y populares. A cambio, el Ejecutivo acepta incluir en un anexo del plan nuevas partidas propuestas por los populares por un total de 19 millones.
De esta forma, los 367 millones del plan + Euskadi 09 presentado hace nueve días por el lehendakari, Patxi López, se elevarán a 386 millones. Delegaciones de ambos partidos se reunieron ayer durante casi una hora en el Parlamento y terminaron de cerrar un acuerdo para el que los socialistas ya habían mostrado su disposición después de que su socio preferente marcase distancias públicamente con varios aspectos del proyecto.
PSE y PP precisan las condiciones de las ayudas a los ayuntamientos
El PP logra introducir en el plan sus dos principales pretensiones: siete millones de euros para ayudas a autónomos y 12 millones para duplicar las iniciativas concretas que se adoptarán en Álava. Los primeros pagarán las medidas presentadas el pasado lunes por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti: cobertura para autónomos desempleados, un fondo para que los ayuntamientos paguen sus deudas con las microempresas y ayudas para pagar la Seguridad Social, que ya estaban en el plan inicial. El Gobierno reformará además los requisitos para que los autónomos puedan acceder mejor a la financiación de bancos y cajas.
Las ayudas a Álava se concretan en cinco programas que hoy detallará el portavoz popular, Javier Maroto, quien los presentó en la reunión. En síntesis son nuevas inversiones en el Casco Viejo vitoriano y obras de abastecimiento en el pantano de Sobrón.
Ambas partes también "marcaron y reajustaron", en palabras del número dos popular, Iñaki Oyarzabal, los criterios con los que se asignarán los 50 millones que el Ejecutivo destinará a los ayuntamientos, en una actuación inédita y que los socialistas insisten en considerar "excepcional", ya que la financiación de los consistorios es competencia de las diputaciones. La falta de concreción de estas subvenciones despertó el malestar de los populares, que desconocían incluso que López pensaba anunciarlas. El PP gobierna sólo en tres pequeños ayuntamientos (Lanciego, Yécora y Lizartza).
De esos 50 millones, 15 se dedicarán a inversiones específicas y finalistas en zonas degradadas. Los 35 millones restantes aliviarán la situación financiera de muchos consistorios que están encontrando dificultades para hacer frente a sus gastos corrientes. Para su reparto, junto a los criterios ya previstos de población y presión fiscal, el PP ha introducido dos más: tasa de desempleo local y porcentaje de población inmigrante, una de las variables que ocasiona a los consistorios un mayor gasto en protección social.
Tanto Oyarzabal, como el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, quienes comparecieron por separado, se mostraron "satisfechos" del acuerdo alcanzado.
El PP parece decidido a hacer valer cada apoyo que vaya prestando al Ejecutivo. Además de presentar el pacto de ayer, y pese a que nadie duda de que está garantizado su apoyo a los presupuestos de 2010, Oyarzabal tomó distancia ante la negociación de las cuentas y recalcó que su partido "no está comprometido a apoyarlas", aunque su disposición previa sea favorable.
El Gobierno parece tener asumida la puesta en escena de peticiones y concesiones de los populares, todo ello en público e incluida su comunicación por el PP. "Es parte del juego político. El PP no es miembro del Gobierno y es lógico que planteen sus reivindicaciones", ya que luego "quien las gestiona es el Gobierno", sostuvo Pastor. Y hasta ahora "han sido razonables". El acuerdo de ayer muestra "la excelente salud del acuerdo y ratifica la voluntad de seguir manteniéndolo vivo", resumieron ambas partes.
Dos condiciones para el nuevo San Mamés
Fuera de la reunión de ayer, ya que no es materia del plan contra la crisis, quedó la petición del PP, defendida personalmente por Antonio Basagoiti, de que el Gobierno se implique en la financiación del nuevo estadio de San Mamés. El propio lehendakari, Patxi López, tratará mañana el asunto en la reunión que mantendrá con el presidente del Athletic, Fernando García Macua, y su Junta Directiva. "Supongo que entonces quedará zanjada esa polémica", apuntó ayer el socialista José Antonio Pastor.
Basagoiti instó al Ejecutivo hace hoy una semana a que acepte poner 55 millones de euros en el proyecto, cuyo coste actual se eleva a 175 millones. De ellos, el PP quisiera que los primeros 18 millones figurasen ya en las cuentas del año próximo. Fuentes socialistas muestran su disposición a incluir alguna partida, pero siempre por un importe mucho menor.
Pastor, quien no dejó de resaltar que San Mamés y la reordenación urbanística de toda la zona "no es una de las prioridades para luchar contra la crisis", mostró la disposición socialista, mucho menos evidente hace algunas semanas, a analizar la financiación del estadio. Eso sí, puso dos requisitos: el primero es que se garantice la mayoría de capital público en la sociedad propietaria de las nuevas instalaciones. Esta condición ya se cumple, ya que en la sociedad San Mames Barria, que ha de construir y explotar el campo, el Ejecutivo y la Diputación de Vizcaya aportarían a partes iguales 110 millones de euros. La BBK pondría otros 55 millones y el club rojiblanco los 10 restantes. Y ya que esta cuestión ha reabierto el debate de las diferencias territoriales, el portavoz socialista recordó que los estadios de Mendizorroza, en Vitoria y Anoeta, en San Sebastián, tienen carácter municipal, razón por la que el Ejecutivo apoyó en su día sus respectivas reformas.
La segunda condición que planteó Pastor fue que sea esa sociedad pública la que gestione y decida la utilización definitiva del estadio, "incluidos los usos alternativos al simple como campo de fútbol".
Socialistas y populares abordaron también en su reunión de ayer las fórmulas con las que negociarán en las próximas semanas los presupuestos del año entrante.
