El Gobierno garantiza la reparación moral y social de las víctimas y su derecho a la dignidad

El borrador de la futura Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Trrorismo eleva a la categoría de derechos todo un catálogo de medidas dirigidas a dignificar a las víctimas de ETA y a garantizar su reincorporación a la sociedad en condiciones laborales, de residencia y de salud óptimas. El borrador recopila las ayudas anteriores, las unifica en un único texto y las eleva al rango de ley, mejorando la capacidad de los afectados para exigir sus derechos a la administración. Las instituciones públicas fomentarán la contratación de los afectados, incluso reservando plazas específicas para ellos en las ofertas públicas El consejero de Interior, Javier Balza, y la Dirección de Victimas presentaron ayer el borrador a diversas asociaciones de afectados.

El borrador consta de 24 folios. La introducción y la exposición de motivos ocupan la mitad de ellos y el resto se destina al cuerpo de la norma. Una parte de su articulado compendia y enumera los derechos reconocidos a las víctimas del terrorismo desde una perspectiva ética y política. El segundo gran objetivo de la ley es sistematizar en un catálogo las medidas asistenciales y materiales que han de permitir dar respuesta a los problemas de las víctimas en el día a día. Esta parte habrá de ser desarrollada en un reglamento de uso, que designará o creará la institución que tramite las solicitudes y concesiones, además de encargarse de ser la ventanilla para los afectados.

Una vez presentado formalmente el documento a las asociaciones -han sido las primeras en conocerlo-, éstas disponen de un mes para plantear correcciones o mejoras al texto. También la AVT, a cuyos responsables les fue remitido el documento ayer, pese a su decisión de no acudir a la reunión. El Gobierno aprobará el texto pasado ese tiempo e iniciará la búsqueda "del consenso de todas las fuerzas democráticas" para su aprobación en el Parlamento, indicó ayer un portavoz. El PP criticó que no se le haya enviado el texto para estudiarlo. "Mal empezamos si quieren consenso", señaló el parlamentario Santiago Abascal.

En el preámbulo, el borrador elaborado por el Gobierno tripartito explica que la ley "es una expresión profunda y sincera del sentido homenaje que merece el sacrificio ofrecido por las víctimas del terrorismo". Estos son los aspectos más destacados del texto.

- Ámbito de aplicación. No sólo se limita a los afectados residentes en el País Vasco, sino a quienes han resultado afectados por un acto acaecido en la comunidad autónoma con independencia de su residencia, e incluso cuando los hechos se han producido fuera de Euskadi si el afectado está domiciliado en la comunidad vasca. En el caso de las asociaciones de víctimas, estas podrán recibir ayudas si están domiciliadas en Euskadi o si tienen algún miembro asociado que hubiera sufrido daños por terrorismo acaecido en Euskadi.

- Paz y convivencia. Las instituciones promoverán la educación para la paz y en los derechos humanos. En aquellas iniciativas de promoción de los valores de la paz se contará con el testimonio y la participación de las víctimas.

- Verdad y memoria. Los poderes públicos asegurarán el recuerdo de las víctimas, procurando su participación y presencia en los actos. Garantizarán su acceso a los archivos oficiales sobre información relevante que les afecte, además de investigar cuantos hechos sobre violaciones de derechos humanos no hayan sido esclarecidos.

- Justicia. Las administraciones colaborarán para que los afectados no sufran situaciones de impunidad, facilitando, en la medida de lo posible, información sobre los procedimientos judiciales que les afecten, ofreciendo acompañamiento personal a los juicios y promoviendo la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas.

- Dignidad. Todas las administraciones vascas velarán para que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad. Además, adoptarán las medidas para garantizar la seguridad, bienestar físico y psicológico y la intimidad de ellas y sus familiares, investigando aquellos actos públicos que entrañen descrédito menosprecio o humillación, actuando de forma especial contra pintadas y carteles ofensivos.

- Medidas materiales. El catálogo recoge las indemnizaciones por daños en viviendas, facilitando alojamientos provisionales e incluso definitivos en algunos casos. También contempla los daños en vehículos, en sedes de partidos, sindicatos o asociaciones, así como en establecimientos industriales y comerciales, y ayudas para la implantación de medidas de seguridad.

- Empleo y vivienda. El artículo 21 explica que la administración fomentará la contratación laboral de las víctimas con dificultades de inserción, con una línea específica de ayudas. Además, los poderes públicos "podrán reservar" un porcentaje de plazas en las ofertas públicas de empleo (OPE) para personas que hayan sufrido un atentado con consecuencias personales. En cuanto a la vivienda, el Gobierno subvencionará la adaptación de los pisos si la víctima requiriera obras en su casa; la permuta o desclasificación de viviendas protegidas, si el afectado tiene que cambiar de domicilio, y su inclusión con prioridad en las listas de sorteos de pisos protegidos.