El Gobierno impulsa la formación de los perceptores de ayudas

Conseguir la incorporación al mercado de trabajo de los perceptores de la renta básica es la finalidad del sistema de prestación social de Euskadi. Sin embargo, veinte años después de su instauración, el objetivo no termina de conseguirse. ¿Por qué? Pues porque aunque los perceptores están obligados a suscribir un convenio de inclusión social por el cual se comprometen a formarse y buscar trabajo, en la práctica los servicios sociales no están preparados para hacer un seguimiento real del proceso de inserción, con lo que todo se queda en el limbo. El Gobierno se ha propuesto darle la vuelta al sistema e impulsar la formación de los perceptores, hacer un seguimiento de su situación por medio de los servicios de empleo e incluso tutelar su incorporación al mercado de trabajo.

300 ciudadanos se cualificarán para trabajar en la asistencia social

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó ayer un proyecto piloto para formar en los próximos meses a 300 personas perceptoras de la renta básica (también denominada renta de garantía de ingresos) para que puedan atender las necesidades laborales surgidas como consecuencia del desarrollo de las leyes de Dependencia y la de Servicios Sociales, los nuevos nichos de trabajo. "El reto del sistema siempre ha sido la incorporación laboral de los perceptores de las ayudas porque un trabajo estable es la mejor manera de integración", recalcó Zabaleta.

En la actualidad, alrededor de un tercio de las 40.000 personas cobran la renta básica se encuentran en condiciones de trabajar (el resto son pensionistas o ciudadanos con una problemática que les impide trabajar de manera normalizada). La iniciativa del departamento se pondrá en marcha este mes de junio, cuando se presente a los ayuntamientos y a las entidades sociales que van a colaborar.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizará la selección de los 300 candidatos. Entre octubre y diciembre se desarrollará el programa de formación para adquirir competencias básicas y técnicas para atender a las personas mayores o con problemas de dependencia. Del adiestramiento se encargarán los centros públicos de formación profesional. Posteriormente, entre enero y junio del próximo año, estas 300 personas tendrán un contrato de trabajo, financiado por la administración. A partir de ese momento, y con una cualificación acreditada, podrán ofrecerse a las empresas del sector con más garantías de conseguir un empleo estable. El programa tiene un presupuesto de 5,94 millones.