El Gobierno se reserva la última palabra en la Agencia Vasca del Agua
El nuevo ente público prevé recaudar alrededor de nueve millones de euros
La Agencia Vasca del Agua-URA será una realidad el próximo 19 de enero. Este nuevo ente público, que se regirá por el derecho privado al igual que Osakidetza, se encargará de marcar la política sobre los recursos hídricos, terminando así con los cíclicos conflictos que se producen en Euskadi cuando varias instituciones pugnan por la competencia. Su consejo de administración, que será el principal órgano y el que tome las decisiones, estará integrado por tres representantes de las diputaciones (uno por territorio) y por otros tres del Gobierno: el viceconsejero de Aguas, el viceconsejero de Hacienda y la consejera de Medio Ambiente, que, además, lo presidirá. Esa paridad en apariencia se podrá romper cuando, en caso de empate, la presidenta ejerza su voto de calidad.
De esta forma, el Ejecutivo se ha reservado la mayoría, aunque la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Esther Larrañaga, aseguró al presentar ayer la agencia en el Parlamento que su guía de actuación es la "colaboración mutua". "Lo que me interesa es sacar los temas adelante por consenso", resaltó. La cuestión tiene una gran relevancia dado que las diputaciones se mostraron en su momento muy reticentes a la creación de esta agencia, debido al recorte que podía suponer en sus competencias. Hasta ahora, las diputaciones han actuado según el principio de que quien paga decide cómo invertir. Pero a partir de la creación de la agencia, eso se terminó.
La nueva entidad contará con unos ingresos cercanos a los nueve millones de euros anuales, de los que 7,5 procederán de la aplicación del canon ecológico al sector agrícola e industrial. El resto corresponde al canon de vertidos, sanciones y tasas por dirección y certificación de obras. De momento, el canon sobre el consumo de los hogares ha quedado en suspenso al no superarse de media los 130 litros por persona y día. La sede de la agencia se ubicará en el Parque Tecnológico de Miñano (a 10 kilómetros de Vitoria) y su plantilla será la misma que la actual Dirección de Aguas del Gobierno, 114 funcionarios.
