Guipúzcoa recurrirá contra la exculpación de dos funcionarios por el fraude de Irún
El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, lamentó ayer que el auto de apertura de juicio oral por el fraude de la Hacienda de Irún haya dejado fuera del proceso por falta de pruebas a dos de los seis inculpados inicialmente. El departamento foral considera que dos de sus empleados, la funcionaria Pilar Gracenea y el responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias, Juan Pardo, "debían de estar imputados", según explicó González. La Diputación recurrirá en los próximos días para que ambos vuelvan a ser procesados por cohecho.
El responsable de la Hacienda foral expresó su "satisfacción" debido a que el trabajo desarrollado por su departamento en los últimos años "se ve de alguna manera reflejado en el auto del juez", que eleva a 2,15 millones de euros la cuantía de la que supuestamente se apropió el entonces jefe de la oficina de Hacienda en Irún, José María Bravo. "Aparecen ahí las cuantías que nosotros defendemos como cantidades robadas por las personas que están imputadas", destacó, antes de resaltar que también se han tenido en cuenta los nuevos expedientes que su departamento trasladó a la fiscalía y al juez.
Sin pruebas suficientes
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Julián García Marcos, considera en su auto, fechado el pasado lunes, que no han quedado "suficientemente probados" los elementos esgrimidos en contra de Gracenea y Pardo -entonces superior inmediato de Bravo-, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias contra ambos. El letrado que reprfesentó en la causa a la Diputación hasta el mes de octubre de 2008, José Ricardo Palacio, dejó el caso entonces por diferencias de criterio con el ente foral sobre las imputaciones.
González considera que las razones jurídicas esgrimidas por la Hacienda foral resultan suficientes para mantener las imputaciones. "En coherencia" con su posición inicial, la institución recurrirá para que vuelva a imputar a los dos funcionarios exculpados.
Las primeras operaciones irregulares se remontan a los años 1984 y 1985, cuando Bravo reclamó una deuda en nombre de la institución a un contribuyente. Las 425.000 pesetas que este abonó en metálico terminaron en el bolsillo de Bravo, quien sería nombrado agente ejecutivo de la Hacienda de Irún en 1990 y jefe de su oficina en 2000, cargo que ocupó hasta 2003.
El juez considera a José María Bravo responsable de nueve delitos, entre ellos estafa, blanqueo, alzamiento de bienes y prevaricación.
