Ibarretxe lanza una ofensiva internacional por "los derechos civiles" en Euskadi

La Ley de Partidos, el Código Penal, la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la incomunicación, los plazos de detención y la dispersión de los presos de ETA, entre otras cuestiones, serán sometidos al escrutinio internacional en virtud de una ofensiva de denuncia sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Euskadi que ha emprendido el Gobierno tripartito del lehendakari Juan José Ibarretxe. Sus actuaciones estarán enmarcadas en el denominado Plan de Acción en Defensa y Promoción de los Derechos Civiles y Políticos, que fue presentado ayer por la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, sin admitir preguntas de los periodistas.

El Ejecutivo denuncia la existencia de vulneraciones de derechos y libertades básicos y advierte de que informará de ellas a la Unión Europea. Su actuación se debe a que "el Gobierno vasco no puede permanecer impasible ante la restricción de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía".

El Gabinete de Ibarretxe encargará a una institución que no identificó, pero de la que dijo que es "independiente y de solvencia garantizada", la redacción de un informe sobre el estado de esos derechos y libertades. El dictamen tendrá por destinatario el Parlamento Europeo, además de las Cortes y la Cámara autonómica. También inducirá a cambios legislativos, con reformas jurídico-penales, penitenciarias y de índole procesal, que se inentarán promover en las Cortes.

Con esta iniciativa el Gobierno vasco dice situarse entre quienes condenan a ETA, pero "miran para otra parte cuando se trata de denunciar violaciones como la tortura o las legislaciones que recortan los derechos civiles y políticos de una parte significativa de la sociedad vasca", y los que, en sentido contrario, según afirma, reclaman esos derechos pero eluden condenar a la banda terrorista.

Líneas rojas

Entiende el Ejecutivo de Ibarretxe que España ha traspasado "las líneas rojas" que los poderes públicos no pueden rebasar en la lucha antiterrorista o para garantizar la seguridad. "Cualquier ciudadano puede verse expuesto a una acusación difusa y sin todas las garantías para defender su presunción de inocencia", asegura. También acusa al Estado de incumplir los tratados internacionales con "jurisprudencias creativas", suspensión de partidos políticos o cierre de medios de comunicación.

El PSE y el PP criticaron esta actuación. Para los socialistas, se trata de una "irresponsabilidad" con la que Ibarretxe se salta su papel de representante ordinario del Estado en el País Vasco, al tiempo que promueve un enfrentamiento "radical y gratuito" con el Gobierno. El PP calificó la acción de "retroceso democrático y afirmó que su enfoque se sitúa "cerca de las tesis de ETA-Batasuna".