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Industria impulsó en 2005 ampliar las ITV pese a las dudas de la concesión

El Tribunal de Cuentas advirtió de un "gasto significativo" por el litigio

El Departamento de Industria, entonces dirigido por la peneuvista Ana Aguirre, firmó en 2005 un acuerdo con las cuatro concesionarias de las ITV en Euskadi para impulsar cuatro estaciones más (una para cada empresa) pese a las advertencias del Tribunal Vasco de Cuentas que, en 2002, señalaba que podían cambiarse los adjudicatarios, lo que supondría "un gasto significativo para la Administración". Además, Industria impulsó la ampliación de las ITV cuando ya había una sentencia del Tribunal Superior de 2001 (ratificada en 2007 por el Supremo) sobre las anomalías en las concesiones ejecutadas en 1993.

Las adjudicaciones de estos servicios han motivado un largo litigio judicial que, finalmente, obliga a revisar las valoraciones realizadas. Como informó ayer este diario, una de las cuatro adjudicatarias -la alemana TÜV Rheinland, la única que, basándose en las sentencias, se quedaría sin la adjudicación- tiene como máximo responsable de las ITV de Irún y Urnieta al técnico de Industria que avaló su concesión en un informe. Javier Goldarazena es desde mayo de 2006 -cuando pasó directamente de su puesto de funcionario a la empresa- el jefe de ambas estaciones.

El PP exige una investigación por el funcionario que trabaja en Rheinland

La ampliación del servicio con cuatro estaciones más -firmada en un preacuerdo en 2005, materializado en marzo de 2007- ha sido paralizada por el actual equipo de Industria. Sus responsables anunciaron, el pasado 19 de abril, en la comparecencia ante el Parlamento para explicar este litigio, que la ampliación está paralizada hasta que no se revisen las valoraciones realizadas en 1993. El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el Gobierno referido al ejercicio de 2000, incluyó las adjudicaciones de ITV en el capítulo de contingencias. No cuantificaba su coste pero ya alertaba de que, tras la sentencia del Superior de 2001, obligaría al cambio de adjudicatarios. "El coste es difícil de determinar al existir inversiones realizadas que se tendrían que traspasar a los nuevos adjudicatarios, el lucro cesante [de éstos] por los años que no han prestado el servicio y otros aspectos que podrían surgir".

La polémica sobre las ITV provocó ayer reacciones tras la información de EL PAÍS. El PP fue el más beligerante y en este sentido exigió al Ejecutivo socialista "que abra una línea de investigación", dijo el parlamentario Ramón Gómez. "Esto no puede ser así. Hay que indagar cómo la persona que adjudica las ITV se va a trabajar a una de las empresas, máxime cuando había ya una sentencia judicial que cuestionó las adjudicaciones".

Óscar Rodríguez (PSE), a su vez, aseguró que el Gobierno comparecerá más veces para aclarar la polémica de las ITV y que este caso concreto evidencia que el PNV "no puede dar lecciones de nada pero sí puede darnos lecciones de colocar a los amigos". Luke Uribe-Etxebarria (PNV) valoró que "no es extraordinario" que un funcionario recale "13 años después en una empresa con la que ha tenido alguna relación. Otra cosa es que fuera contratado a los dos años". Agregó que establecer "algún tipo de sospecha no tiene sentido". Oxel Erostarbe, de Aralar, opinó que este asunto "habría que aclararlo".

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El Parlamento aprobó ayer por unanimidad una propuesta de Aralar sobre las dos ITV de Irún y Urnieta -en huelga desde hace cinco meses por un conflicto laboral- para que el Gobierno ejecute las sentencias, se realice "lo antes posible" la nueva adjudicación sin afectar a los empleos y trabaje para solventar el paro.

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