La Inspección laboral aprecia indicios de delito en el cierre de Druckguss

La Inspección de Trabajo ha remitido a la fiscalía su informe sobre el cierre de la empresa de inyectados de aluminio Druckguss Ibérica, con sede en Igorre, en el que aprecia indicios de delito en la actuación patronal. El Gobierno declaró ilegal el cierre el pasado día 5 y emplazó a la firma a que reabra las instalaciones al comprobar que las había clausurado mientras los 52 trabajadores, que llevan tres años sin convenio, estaban en huelga.

La Inspección de Trabajo de Vizcaya entiende que existen indicios de delito "en las actuaciones de la empresa contra los trabajadores", que secundan una huelga desde hace 18 días. Los empleados iniciaron paros parciales a partir del pasado septiembre que se convirtieron en una huelga indefinida desde el pasado día 8. La plantilla demanda subidas salariales del 3,6% y del 3,2% correspondientes a los años 2005 y 2006 y un incremento salarial lineal de 1.200 euros para este año. La empleados llevan desde 2005 sin ver una mejora de sus condiciones laborales.

ELA destacó que la resolución de la Inspección de Trabajo denuncia los incumplimientos de la empresa a la hora de reabrir las instalaciones. El Departamento de Empleo ya calificó de ilegal el cierre patronal de Druckguss Iberica y emplazó a sus propietarios a reabrir las instalaciones con carácter de urgencia.

La empresa ha hecho caso omiso, no sólo a la demanda de la autoridad laboral, sino que tampoco se presentó al requerimiento inicial de la Inspección de Trabajo, que convocó a sus representantes a una reunión para estudiar la situación.

Desmantelamiento

La Inspección constató que la dirección estaba trasladando la producción, llevándose a otros lugares maquinaria y piezas sustanciales para trabajar.

Los sindicatos ya habían denunciado que varios directivos de la firma accedieron los pasados 28 y 29 de septiembre a las instalaciones, sitas en un polígono industrial de Igorre, llevándose moldes y maquinaria en camiones, lo que hubiera hecho imposible reiniciar la actividad productiva. Según los trabajadores, parte de la línea de producción ha sido trasladada a una planta en Rumania, y otra parte entregada a otras firmas.

La Inspección también refleja en su informe que la empresa no autorizó al comité de huelga a acceder a la planta, a pesar de que la ley les faculta para entrar y vigilar que se cumple la ley durante las movilizaciones.

El comité de empresa está compuesto por dos delegados de LAB, otro de ELA y dos independientes. Estos últimos no han secundado la huelga. ELA exigió ayer a la dirección la reapertura de las instalaciones, porque "está cometiendo un delito" con su cierre, y anunció que "tomará medidas legales contra la empresa y sus representantes". Sus servicios jurídicos se encuentran preparando ya una demanda contra la dirección de la firma.

Además, el sindicato instó a las instituciones a "actuar con todos los medios para obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones legales de apertura de instalaciones y mantenimiento de la maquinaria y moldes de producción".