Izagirre asegura que quiere esclarecer "lo antes posible" el 'caso Uxotegi'

La propiedad de la casa de la Parte Vieja donostiarra ocupada por el colectivo Uxotegi considera "una burla" y una "dejación total" de sus funciones la actitud que está mostrando el alcalde la ciudad, Juan Karlos Izagirre, en este caso que investiga un juzgado. El regidor ha respondido con una escueta carta de cinco líneas a un requerimiento por escrito de 18 folios que la representación legal de la dueña envió a comienzos de noviembre en el que se solicitaba al Ayuntamiento el cumplimiento de la legalidad y el desalojo inmediato del inmueble ocupado "ilegalmente" por jóvenes de la Gazte Asanblada.

La contestación de Izagirre, recibida ayer por la propietaria de la vivienda ocupada, se limita a decir que "todos los aspectos" enumerados en la carta de aquella "serán estudiados y analizados con el fin de que se esclarezca lo antes posible lo acaecido en dicho inmueble". Los representantes de la dueña, Pilar Ormazabal, de 104 años, consideran "intolerable" la "pasividad" del alcalde donostiarra después de que hayan transcurrido más de dos meses desde que se produjeron los "hechos delictivos". "En la respuesta del alcalde no se da respuesta a absolutamente nada de lo solicitado en nuestro escrito", aseguran en un documento.

La vivienda situada en el número 5 de la calle Subida al Castillo fue asaltada por una treintena de jóvenes el pasado 24 de septiembre sin que la Guardia Municipal interviniera para impedirlo, según la versión de la defensa de la dueña. Esta parte acusa al secretario del alcalde, el ex edil de EH Josetxo Ibazeta, de hacerse "responsable" del movimiento okupa Uxotegi e impedir que los agentes actuaran contra los jóvenes.

El Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián investiga estos hechos y ha tomado declaración como imputado a Ibazeta, además de a dos jóvenes asaltantes. También citó a declarar una hija de Ibazeta, menor de edad, que figuraba entre los ocupantes del edificio. La semana pasada, el pleno del Consistorio acordó con los votos del PSE, PNV y PP y la abstención de Bildu, la creación de una comisión de investigación que depurará las posibles responsabilidades políticas de este caso.

En vista de que la vivienda sigue ocupada, la propiedad denunció ayer la "continua tolerancia y solidaridad" del alcalde y su equipo de gobierno con los "ocupantes-delincuentes", frente a la "indiferencia y desprecio" que están mostrando con el "propietario-víctima".

Los propietarios consideran que el Ayuntamiento sigue de brazos cruzados mientras los okupas "siguen cometiendo delitos", por cuanto "incumplen habitualmente las ordenanzas municipales". Estos incumplimientos se sustancian en que los jóvenes "tiran tabiques sin permiso", "abandonan el escombro" en la vía pública y "toman electricidad que pagan todos los donostiarras de la caja de registro de una farola de titularidad pública". Por todo ello, solicitan al alcalde que ordene inmediatamente a la Guardia Municipal que desaloje el edificio y se identifique a los responsables de la ocupación. También piden todos los informes elaborados por la policía local en relación con este asunto, así como controles de todas las obras que "sin permiso" están llevando a cabo los ocupantes.