Justicia creará un centro para menores que pegan a sus padres
La consejera de Justicia, Idoia Mendia, explicó ayer en el Parlamento, durante el debate de los presupuestos para el próximo año, la intención de la consejería de poner en marcha a lo largo de 2012 un centro de menores que agreden a sus familiares, una "lacra en auge" en la sociedad vasca. La nueva instalación se ubicará en Bilbao.
Mendia aseguró que su consejería "tratará" de abrir este centro específico para "violencia filioparental", un espacio que no tendrá muchas plazas, ya que su creación supondrá un incremento "pequeño" de estas, según indicó. Los centros de menores de Euskadi han aumentado en dos años su capacidad, con 26 nuevas plazas.
La consejería sufrirá el próximo ejercicio un recorte de un 3%, el tercer año consecutivo de bajada, y contará con 282,8 millones de euros
Las victimas policiales contarán con un millón de euros ampliables
El presupuesto arroja un aumento del 12,7% en materia de justicia gratuita, con 15 millones de incremento, área que se verá reforzada el próximo año con un decreto que reforzará la atención de cara a víctimas de violencia doméstica y a los menores extranjeros. Otra de las acciones de la viceconsejería de Justicia será la de abrir la extensión de la oficina judicial a los partidos judiciales de Vitoria y San Sebastián.
La viceconsejera, María Victoria Cinto, aseguró a preguntas de los parlamentarios con respecto al expediente judicial electrónico que se tardará en tenerlo, porque el Gobierno anterior no dio los pasos previos pertinentes, como establecer un único sistema de gestión procesal que se pondrá en marcha en mayo.
En materia de derechos humanos, la consejería destinará una partida "ampliable" a las víctimas de la violencia de motivación política. Para reconocer este tipo de víctimas se crearán dos decretos a lo largo del próximo año. El primero, que abarcará la etapa entre 1968 y 1978 se aprobará a principios de año.
Justicia destinará, además, 100.000 euros para acoger a extranjeros que necesiten salir de su país por cuestiones políticas. El programa se ha puesto en marcha este año y permite a las personas en esta situación vivir en Euskadi seis meses.
El departamento prevé remitir al Parlamento varios proyectos de ley, como la de libertad de culto, la de empleo público y la de incompatibilidades.
