Kataia cobró 180.000 euros de la firma por la que De Miguel medió en Zambrana

Josu Arruti, administrador de la empresa Sidepur, a la que Alfredo de Miguel introdujo en el desarrollo urbanístico de Zambrana, afirmó ayer que los casi 180.000 euros que su compañía abonó a Kataia Consulting, empresa de los matrimonios De Miguel, Tellería y Otxandiano, respondían a trabajos técnicos.

Arruti compareció ayer en la comisión de Juntas Generales alavesas que busca depurar las responsabilidades políticas por esa operación urbanística, vinculada a la supuesta trama corrupta del caso De Miguel. También acudió a la misma Francesc Fernández Joval, ex administrador de Riera Urbanizer, empresa catalana que inviritió millones de euros en opciones de compra de terrenos en Zambrana. Fernández Joval negó la existencia de pactos para recalificar estos terrenos.

El ex administrador de Riera niega que hubiese pactos para recalificar las tierras

Ambos vinieron preparados, se mostraron colaboradores con la comisión de las Juntas y resaltaron que aportarían la documentación que les fuese solicitada, según varios de los presentes en la comparecencia. También afirmaron que les sorprendió el cambio de actitud de la Diputación alavesa ante el proyecto: primero rechazó los informes técnicos que sostenían que el suelo no era apto para uso industrial antes de recurrir a estos informes para aprobar una recalificación de apenas 22 hectáreas. Al inicio del plan se habló de más de 100 hectáreas, después se redujo a 66 y, tras una advertencia del nuevo Gobierno socialista al propio De Miguel, se quedó en 22.

Arruti reconoció su amistad con De Miguel y que fue este quien le introdujo en el proyecto cuando era miembro de la ejecutiva alavesa del PNV y responsable de las sociedades públicas de la comarca de Ayala pertenecientes a Sprilur, entidad dependiente de Industria. Explicó que él encargó unos trabajos técnicos a Kataia que esta compañía, situada en el epicentro de toda la supuesta trama de corrupción, a su vez subcontrató.

Tras su comparecencia, insistió ante los medios que todo lo ocurrido en Zambrana es "totalmente legal" y que hubo "cero dinero público" de por medio. Contradijo lo afirmado por la ex alcaldesa, la peneuvista Justina Angulo, quien apuntó que fue ella la que tuvo la iniciativa de intentar impulsar el desarrollo urbanístico en la zona. "Esta es una iniciativa privada que parte de una propuesta que le hice al Ayuntamiento", señaló Arruti.

Fernández Joval aseveró que el préstamo cercano a los 200.000 euros concecido en 2007 al 9% de interés a varias personas vinculadas al PNV, entre ellos algunos de los imputados en la supuesta trama corrupta, fue otra posibilidad de negocio a la que accedió. También se mostró confiado en que, a pesar de que la gran recalificación de terrenos prevista no salió adelante, Riera Urbanizer seguirá podiendo sacar rentabilidad de la operación, teniendo en cuenta su posición en una zona importante para actividades logísticas.

Fernández Joval dejó de ser administrador de Riera Urbanizer, empresa participada por el grupo catalán Riera, a finales de 2008. La compañía, dirigida ahora por Nicolás Guerrero, se querelló contra él a mediados de 2010 por discrepancias en torno a sus honorarios y la gestión global realizada. Fernández Joval sigue siendo accionista de Riera Urbanizer.

La compañía ha recurrido ante los tribunales la decisión de reducir el ámbito de recalificación alegando que fue tomada fuera de plazo. Todo apunta a que el propio Guerrero terminará siendo citado por la comisión de investigación para corroborar lo afirmado por el ex administrador.

Fernández Joval confirmó que la parte más técnica del proyecto fue encargada a Stoa, cuyo administrador, Sergio Fernández Oleaga, está imputado por su participación en la parte de la trama correspondiente al Parque tecnológico de Miñano. La empresa también tiene como socio a Jon Buesa, militante del PNV, citado por la comisión.