La Kutxa tiene paralizadas en Murcia dos inversiones por importe de 220 millones euros

La Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) tiene bloqueadas inversiones por importe de 220 millones en dos grandes operaciones urbanísticas en la Región de Murcia, que han chocado con la Justicia o con obstáculos medioambientales. Esta cantidad supera los resultados obtenidos por la entidad el pasado año, 194,6 millones de euros. Tras la paralización de la polémica urbanización de Lo Poyo, en Cartagena, en la que la caja invirtió 115 millones, el Gobierno murciano ha parado también la promoción de La Zerrichera en Águilas, enclavada parcialmente en una zona protegida por la UE, de la que la Kutxa participa también financieramente. En este paraje se iban a construir casi 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo.

Kutxa afirma no estar preocupada por el futuro de sus inversiones en Murcia

El socio de la entidad en Lo Poyo está imputado por su conexión con la trama de Marbella

El propietario del Grupo Inversor Hispania, Trinitario Casanova Abadía, promotor de La Zerrichera, ha anunciado su intención de denunciar al Gobierno de Murcia, en manos del PP, por paralizar el proyecto. Casanova, a quien Kutxa ha adelantado 55 de los 105 millones de euros por el terreno ya reclasificado y listo para construir -la finca de 250 hectáreas le costó al promotor 30 millones-, está siendo investigado por un juzgado de Lorca a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). El fiscal jefe, Manuel López Bernal, pidió al juzgado que comprobara la denuncia del portavoz del PSOE de Águilas, Ramón Román, en la que aseguró que Trinitario Casanova le había ofrecido un millón de euros por cambiar el anunciado voto contrario de los socialistas a la aprobación del proyecto urbanístico en el pleno del Ayuntamiento.

"Nosotros en el caso de La Zerrichera no tenemos ningún problema", ha indicado José María Lasa, jefe de Comunicación de Kutxa. "En el contrato privado que firmamos con Trinitario Casanova hay una cláusula que dice que, si al final, por lo que sea, no se recalifica o no se puede construir, el contrato de compraventa no es válido", asegura. En este sentido, añadió que "si en un plazo razonable de tiempo no se puede construir, le pediremos a Trinitario Casanova que nos devuelta los 55 millones que le hemos adelantado de los 105 que nos ha costado la promoción, en la que entramos una vez que había finalizado el proceso administrativo de recalificación". "No entendemos que antes se pueda construir y ahora no", se lamentó Lasa, quien no quiso valorar la denuncia de la fiscalía de Murcia sobre las presuntas irregularidades que han finalizado con una querella contra cinco altos cargos del Gobierno de Murcia, el alcalde de Águilas y un ex concejal, todos ellos del PP.

Kutxa tiene una segunda patata caliente en la otra gran inversión de la Región de Murcia, Lo Poyo, en Cartagena. En este municipio del litoral, la caja compró junto con el empresario guipuzcoano Francisco Javier Arteche Tarascón esos terrenos por una cuantía de unos 230 millones de euros (115 de la propia Kutxa) antes de que terrenos fueran urbanizables. El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en una comparecencia en el Parlamento autonómico, aseguró que mientras él esté en el Ejecutivo no se pondrá un solo ladrillo en esta conflictiva promoción de 4.000 viviendas, varios hoteles de lujo y un campo de golf, también en una zona en parte protegida.

El socio de Kutxa en Lo Poyo, el constructor y promotor Arteche, ha sido imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, por un presunto delito urbanístico en este municipio, en connivencia con el ex alcalde Julián Muñoz y el considerado cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca. Las buenas relaciones de Arteche y Roca son evidentes desde que el segundo declarara ante el juez instructor de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, que el empresario guipuzcoano le había comprado solares, y que fue éste quien le puso en contacto con los anteriores propietarios de Lo Poyo, la familia catalana Armengol, que vendió el terreno siendo rústico. La principal testaferro de Roca en Murcia, Montserrat Corulla, utilizaba una tarjeta de crédito de Kutxa que pagaba el empresario Arteche, tal y como consta en el sumario de la Operación Malaya.

"En Lo Poyo tenemos que esperar, ya que no sabemos lo que puede pasar. Lo que podemos decir es que hay una importante confrontación política entre el PP y el PSOE [de Murcia], por lo que la paralización se debe a las luchas políticas. De todas formas, no estamos especialmente preocupados sobre esta inversión" de 115 millones de euros, sostiene Lasa.

Sin embargo, tanto han alarmado a la caja las conexiones de sus socios con la trama marbellí que la dirección de la entidad decidió escindir su sociedad de inversiones inmobiliarias, Inverlur 5005, en otras trece. Asimismo, Kutxa se ha separado de Arteche en las nueve sociedades que poseían conjuntamente en Murcia, que se llaman Las Salinas del Mar Menor I, II, III, IV, V y VI, dueñas del paraje en proceso de reclasificación de Lo Poyo, y las tres denominadas Montepinar del Mar Menor, que promueven la urbanización Novo Carthago. Éstas fueron vendidas a la sociedad Hansa Urbana, en parte propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Portavoces de Kutxa destacaron en su momento que el motivo de la escisión era alejarse de los investigados por la Operación Malaya, que podrían afectar a sus intereses en el sureste español. [En los medios financieros del País Vasco ha causado sorpresa la elevada concentración de riesgos asumida por la entidad en unas pocas operaciones].

Arteche adquirió por un importe de mas de 240 millones de euros (en su nombre y en el de la entidad financiera) el paraje de Lo Poyo, que linda con el saladar del mismo nombre que forma parte del Espacio Protegido del Mar Menor e Islas Menores, en el que se pretendían construir más de 4.000 viviendas. El Gobierno murciano, aprobó meses después de la entrada de Arteche en la sociedad la declaración de impacto ambiental de la futura urbanización, y meses después fue el Ayuntamiento de Cartagena (PP) quien reinició su reclasificación, que todavía está pendiente de su aprobación definitiva.

En el caso de Lo Poyo, que incluye el saladar protegido con las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), la participación de la Kutxa se mezcla con un oscuro proceso, que ha convencido a los grupos de la oposición murciana, el PSOE e Izquierda Unida, para pedir que se pare el proyecto de urbanización. Ya a finales de los años 90, el consistorio de Cartagena, gobernado por el Partido Cantonal, inició la reclasificación de los terrenos del saladar del Mar Menor, que continuó posteriormente el alcalde socialista, José Antonio Alonso. Fue aprobado definitivamente el 2 de agosto de 1996 por la Consejería de Política Territorial del primer Gobierno del actual presidente, Ramón Luis Valcárcel, cuyo secretario del Departamento de Obras Públicas era Andrés Ayala, actual diputado en el Congreso. Se da la coincidencia de que Ayala ejerció durante años como abogado de la familia catalana Armengol, quien era la propietaria inicial del terreno de Lo Poyo vendido a Francisco Javier Arteche. De hecho, llegó a representar en 1990 a sus clientes como letrado en un recurso contra el Gobierno regional, entonces en manos del PSOE, por rechazar la reclasificación urbanística de estos terrenos protegidos. Pero el Tribunal Superior de Murcia y, posteriormente, el Tribunal Supremo obligaron en 2000, tras la denuncia de un grupo ecologista, al Ayuntamiento a dar marcha atrás a todo el proceso por falta de la preceptiva declaración de impacto ambiental.

No fue, sin embargo, hasta el 24 de marzo de 2004 cuando entró en Lo Poyo la Kutxa, aunque el abogado que firma la compra de los terrenos es precisamente Arteche. El empresario guipuzcoano es propietario de sociedades promotoras en los municipios murcianos de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares asociadas a las firmas Condeor y Masdevallia. Los gerentes de éstas, Montserrat Corulla y Juan Luis Soriano Pastor, respectivamente, fueron detenidos por ser los presuntos testaferros de Juan Antonio Roca en Murcia.