Luz verde al decreto que facilitará opositar a los alumnos de modelos B y D
El Gobierno vasco inició ayer la tramitación del decreto que facilitará opositar a quienes estudien en euskera, al eximirles, según su nivel académico, de las correspondientes certificaciones lingüísticas para acceder al funcionariado. La normativa beneficiará a los alumnos de modelo D y también a los del B que hayan cursado más de la mitad de sus estudios en lengua vasca, que son la mayoría. El Ejecutivo confía en que la medida pueda tener luz verde a finales de año, según el calendario que ya se barajó el pasado mes de diciembre, cuando se presentó a los distintos partidos en el Parlamento.
El decreto reconoce el nivel B1 de euskera a los graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO); el B2 a quienes hayan finalizado sus estudios de Bachillerato o Formación Profesional de grado superior; y el C1, equivalente al EGA, a quienes estén en posesión de un título universitario. El C2, por su parte, se reservará para los doctorados que hayan defendido sus tesis en lengua vasca o quienes hayan cursado carreras relacionadas con el idioma autóctono, como filología o traducción.
El decreto elaborado por el departamento de Educación que lidera Isabel Celaá fija también el 16 de abril de 2008 como fecha de retroactividad. Así, los alumnos que hayan completado sus estudios en euskera desde esa fecha quedarán exentos de acreditar su certificación lingüística para poder opositar, aunque no por ello recibirán como título el perfil correspondiente. La equiparación será solo a nivel legal.
Inversiones
El Departamento de Educación, por otro lado, destinará diez millones de euros a la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado de primer curso de la ESO en centros públicos. La inversión se enmarca en el Plan Eskola 2.0, que pretende acercar las nuevas tecnologías al alumnado. La partida se aprobó durante el Consejo de Gobierno celebrado ayer en Vitoria y fue anunciada por la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia.
El Ejecutivo autónomo, asimismo, ha dado luz verde a otra partida más ambiciosa, de más de 97 millones de euros, para el suministro de comidas preparadas, materias primas y servicios afines destinada a centros públicos docentes con comedores de gestión directa y dependientes del Departamento de Educación.
