Madrazo acepta que el piso propio se utilice para pagar la residencia

El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo aceptó ayer que las personas dependientes que consigan una plaza en una residencia pública puedan contribuir con su vivienda habitual al pago de ese servicio, pero siempre que el piso de su propiedad supere el precio medio provincial que fije el Eustat. El departamento que controla EB se había negado hasta el momento a aceptar esa fórmula de copago denominada reconocimiento de deuda, que ya utilizan las diputaciones de Vizcaya y de Álava.

El departamento quiere que la ley vea la luz en el primer semestre de 2008

Esa fórmula se incluirá en la nueva ley de Servicios Sociales, a cuyo borrador está previsto que dé luz verde el jueves el Consejo Vasco de Bienestar Social, tras el pacto alcanzado ayer entre el Gobierno, las diputaciones y Eudel, la asociación que agrupa a todos los municipios vascos. En su ejecutiva están el PNV, PSE y EA. El Gobierno aprobará el anteproyecto en tres o cuatro meses y es previsible que el Parlamento la saque adelante antes del final del primer semestre de 2008. De momento PNV, PSE, EA y EB, garantizan su aprobación.

El nuevo texto, que actualizará la legislación de hace diez años, reconoce el derecho subjetivo de los ciudadanos a los servicios sociales, que podrán ser exigidos incluso ante los tribunales. "Va a ser una ley integral, con acuerdo de todas las instituciones y se convertirá en el cuarto pilar del Estado del Bienestar", describió ayer Madrazo. La nueva ley garantiza todos los servicios para "todas las personas", aunque no tengan ingresos, explicó un portavoz del departamento. A partir de ahí se aprobarán dos catálogos de servicios, uno gratuito y otro sujeto a copago, Este último se limitará a las plazas en residencias y centros de día.

En el caso del reconocimiento de deuda, la que contraigan los usuarios con la administración por la residencia, y que se cobrará a su fallecimiento, no podrá superar la diferencia entre el valor medio del piso y el de venta en el mercado.

La ley también garantizará unos recursos asistenciales mínimos a los dependientes, por cuya prestación no se podrá cobrar. Tanto el valor medio del piso propio como los recursos mínimos que no podrá tocar la administración quedarán definidos en futuros decretos de desarrollo. "Así garantizamos que el valor de la vivienda habitual no se toca", precisa el portavoz de Vivienda y Servicios Sociales.

Se trata de un punto intermedio entre la posición de las diputaciones forales, sobre todo la de Vizcaya, que ya utilizaba el copago, y la negativa del departamento de Javier Madrazo incluso a negociar esa fórmula.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, calificó el pasado febrero de "principio irrenunciable" la oposición directa de EB a que se estableciera el copago cómo fórmula de financiación "a costa de la vivienda habitual". En esta postura EB tenía dentro del Gobierno el apoyo de EA . El viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, del departamento de Joseba Azkarraga, de EA, manifestó también en público que, "como miembro de un partido socialdemócrata", no le gustaba el copago.

EA consideraba que era una manera de penalizar doblemente a los dependientes. "Si se trata de derechos sociales, la protección debe ser universal y financiarse a través de los impuestos", teorizaba Vigo.

El presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, se felicitó ayer por el amplio acuerdo logrado, "porque los ayuntamientos van a ser la puerta de entrada de la futura ley".