" La juez del "caso de las tragaperras" imputa a dos funcionarios de Juego
El caso de las tragaperras, la presunta trama para la financiación del PNV mediante la venta de licencias de máquinas de juego, quedará reducido en el mejor de los supuestos a un delito administrativo por parte de dos funcionarios de la Dirección de Juego del Gobierno vasco. La juez de Bilbao que investiga el caso ha dictado un auto por el que se continúan las diligencias por un presunto delito de "infidelidad en la custodia de documentos", al constatarse la "falta de la completa documentación reglamentariamente exigible" a las empresas explotadoras de máquinas, informa Vasco Press. En el auto, que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado, aparece imputado Josu Abrisqueta Liceranzu, técnico letrado de juego, al no constar que "existiera ningún técnico con mayor responsabilidad y encontrándose entre sus funciones la tramitación, estudio y proposición de otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas a los permisos de explotación, deduciéndose indiciariamente una función de custodia documental". También aparece como imputado Alfredo Peña Berraondo, quien "podía realizar en el periodo objeto de autos funciones de subdirector general dentro de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco (...) aunque dicho cargo formalmente no existía en el organigrama, extendiéndose a él la obligación de fidelidad en custodia documental de los expedientes de las empresas operadoras que inicialmente afectaba a Abrisqueta Liceranzu". El director de Juego y principal implicado en el caso, José Joaquín Portuondo, falleció hace más de dosaños. El auto de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se produce después de que la Audiencia de Bilbao haya revocado tres resoluciones de dicho juzgado que sobreseían provisionalmente las diligencias previas y concede un plazo de cinco días a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa", o la práctica de diligencias complementarias. El caso de las tragaperras se reabrió en 1990 con una denuncia presentada por 157 personas que decidieron ejercer la acción popular. La extensa investigación realizada ha dejado evidencias de que entre 1984 y 1989 se produjo un "mercado negro" que llegó a mover unos 5.000 millones de pesetas por la venta de licencias de explotación de máquinas tragaperras que oficialmente habían sido destruidas.
