El PNV alega que Josu Arruti no pudo dar los informes de Kataia porque se inundó su oficina
En su enmienda parcial número 21 a las conclusiones provisionales de la comisión de investigación de Juntas Generales de Álava que investiga la fallida macrorecalificación de Zambrana, el grupo juntero del PNV aporta una justificación para explicar las razones que motivaron al administrador de Sidepur, el peneuvista Josu Arruti, que no aportara los informes que supuestamente Kataia Consulting, empresa vinculada al exdiputado foral Alfredo De Miguel, realizó por unos 180.000 euros en el marco de la operación. En su escrito, los junteros jeltzales Ramiro González y Pedro Elosegi alegan que Arruti manifestó que "tenía dificultades para localizarlos al haberse inundado sus oficinas, y se comprometió a aportarlos a la Comisión para despejar cualquier duda".
El PNV rechaza que las conclusiones sean enviadas a la justicia para que verifique si los hechos tienen trascendencia penal y quiere que el texto final diga que "no se aprecia en la actuación de la Diputación Foral de Álava ninguna ilegalidad o irregularidad". Los peneuvistas intentan en todo momento dar más peso a los testimonios que sostienen su versión de que la actuación de sus dirigentes en distintos cargos en la administración para tumbar los informes medioambientales contrarios a la macrorecalificación era ajustada a la normativa, entre otras cuestiones.
La justicia investiga la operación por si hubo pago de comisiones ilegales. El PSE, por su parte, además de limar algunas expresiones y añadir precisiones, recalca la necesidad de adoptar "mayores exigencias en el procedimiento administrativo que permitan que las lícitas decisiones políticas estén sustentadas en informes elaborados por técnicos competentes que eviten la toma de decisiones sin la suficiente garantía jurídica".
Las socialistas Cristina González y Eva Jiménez consideran que se "debe aumentar la transparencia en todo el proceso de recalificaciones de terrenos mediante la adopción de medidas necesarias para que los grupos representados en las Juntas Generales de Álava [...] sean informados de oficio de los procedimientos que se inicien para la recalificación de terrenos" en el territorio.
