El PNV es necesario para acabar con ETA
En Euskadi existe una confrontación entre vascos que piensan de diferentes formas y que podría ser como la que se da en cualquier otra región, país o sociedad multiidentitaria del mundo, de no estar atravesada por la violencia. Por tanto, el problema no es que pensemos diferente y que discutamos de forma democrática. El verdadero, el principal problema es la violencia, la existencia de la banda terrorista.
Ni ETA ni su brazo político asumieron el proceso constituyente y, además, lo combatieron activamente. No asumieron que el Estatuto de Gernika no era una carta otorgada por Franco desde su tumba. ETA y sus satélites siguieron combatiendo los fantasmas del pasado que ya estaban enterrados y no se dieron por aludidos por el advenimiento de la democracia en España y en Euskadi.
Por esta vía no se niega derecho alguno a quienes sólo hacen política
El problema no es que pensemos diferente, sino que haya terrorismo
La democracia y las sociedades española y vasca han sido muy generosas. Las tres oportunidades que se han dado a ETA para terminar con la violencia han terminado de la misma forma: bombazo de ETA y silencio de su brazo político. Y cada día está más claro para un mayor número de ciudadanos vascos que ETA y la mal llamada izquierda abertzale son las dos caras de la misma moneda. Se está demostrando por activa y pasiva que orgánicamente son lo mismo; que repase el último auto del juez Garzón quien aún albergue alguna duda. Que observe los mandatos de ETA a Batasuna. Que se fije en el desprecio con que la banda y su brazo político tratan al resto del abertzalismo.
Hasta 2000 hemos venido defendiendo la tesis de que había que darles una pista de aterrizaje, que había que dejar una vía de escape política, una representación institucional para ese mundo. A partir de ahí, llega la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo a propuesta del actual presidente del Gobierno -lo que supone un punto de inflexión-, la Ley de Partidos y posteriormente la ilegalización de Batasuna
Este giro en la estrategia en contra de ETA y su entorno se debe a la situación anómala que llevábamos viviendo en Euskadi desde la Transición, en virtud de la que quienes defendíamos la ley y la democracia debíamos escondernos ante quienes la combaten con todos los medios a su alcance, y que decidimos dejar de aguantar. Esta y no otra convicción es la que motiva el impulso que se dio a toda la legislación antiterrorista tras 2000. Una normativa que, no cabe duda, nació con gran polémica y provocó muchas acusaciones de baja calidad a la democracia española. Acusaciones que ni las sentencias del Tribunal Supremo en 2003, ni la del Tribunal Constitucional en 2004 consiguieron acallar.
Pues bien, el 30 junio de este año el fallo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no deja dudas en torno a la calidad de nuestra democracia. Ante las denuncias interpuestas acusando al Estado español de vulneración de los derechos de expresión y de asociación, el Tribunal "estima que esta intromisión correspondía a una necesidad social imperiosa y era proporcionada al fin propuesto. De ello resulta que la disolución puede ser considerada necesaria en una sociedad democrática, en especial para el mantenimiento de la seguridad pública, y la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros". Por tanto, no sólo da la razón al Estado español, sino que reafirma que la ilegalización de Batasuna es una necesidad social imperiosa. Precisamente, esta semana hemos conocido además que se ha desestimado el recurso que los representantes de Batasuna había presentado contra este fallo, con lo que se han agotado las instancias a las que recurrir.
Puede haber gente que albergue dudas en torno a si el camino emprendido es el más correcto. Y todas las dudas, como todos los pensamientos, son legítimos. Pero lo que ha quedado demostrado es que el otro camino, el de la válvula de escape política, ya lo hemos probado y no ha servido. Y lo que ha quedado meridianamente claro es que el nuevo camino está resultando efectivo, como la propia ETA y Batasuna reconocen internamente.
La sentencia del TDHE es tan clara y tan contundente que hasta los máximos dirigentes políticos e institucionales del PNV llamaron a Batasuna a recapacitar y a "abandonar el amparo y el silencio" ante las acciones de ETA, "si no quieren estar condenados al ostracismo". Así pues, en consecuencia con lo dicho por los propios dirigentes orgánicos e institucionales del PNV -como Íñigo Urkullu y José Luis Bilbao-, la sentencia de Estrasburgo es un argumento más para sumar un frente más de lucha contra el terrorismo que se nos antoja fundamental. Porque a la lucha policial y judicial debemos ser capaces de sumar el frente de la deslegitimación social de ETA y sus acólitos.
Y en el objetivo de la deslegitimación social del terrorismo y quienes lo amparan o callan ante él, el papel del nacionalismo democrático es fundamental, sobre todo el del PNV. Que este partido arrime el hombro junto al Gobierno vasco para que todos los demócratas emprendamos de la mano esta lucha es una condición necesaria para terminar con ETA. No es una condición suficiente, pero sí es, desde luego, necesaria.
Más o menos acompañados, seguiremos enfrentándonos al proyecto totalitario de ETA haciendo pedagogía democrática por un camino legal, legítimo, democrático y ajustado al Estado de Derecho. Entre otras cosas, porque no entendemos que por esta vía se niegue derecho alguno a quienes sólo hacemos política. Porque creemos que no se persigue ninguna idea o proyecto. Porque afirmamos que no se persigue ni el independentismo ni el abertzalismo. Porque por la vía de los hechos, a quienes se niega derechos en este país es a personas como las que se sientan en nuestros escaños. Porque a quienes se persigue es a los concejales (especialmente a los del PSE-EE y del PP) que defienden día a día nuestra democracia sin percibir un salario ni un reconocimiento público por ello. Porque sin esos concejales no existiría el Estado de Derecho en Euskadi. Porque sin ellos, o sin concejales como los del PNV en Ondarroa, hoy Euskadi no sería como es.
José Antonio Pastor Garrido y Óscar Rodríguez Vaz son portavoz y secretario general del grupo parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, respectivamente.
