El PP exige a Sanidad que lleve el 'caso Osakidetza' a la Fiscalía

El portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, reclamó ayer al Departamento de Sanidad que denuncie a la Fiscalía las irregularidades detectadas en la adjudicación de servicios sanitarios de Osakidetza a empresas externas vinculadas a tres médicos que trabajan en centros públicos. El PP, que ha mantenido una actitud muy beligerante en este caso centrado en sociedades controladas por el ex director de calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello, considera que de los datos de la investigación presentada el pasado miércoles por el actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, se desprenden posibles responsabilidades políticas de los anteriores gestores de la consejería, dirigida entonces por Gabriel Inclán (PNV).

Barreda opinó en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao que de sus resultados se deduce la existencia de un "un grave quebranto a las arcas públicas y un delito de prevaricación". La investigación, valoró, "identifica una trama de altos cargos de Osakidetza para montar un negocio privado, pero no entra en lo obvio: han tenido que contar con la connivencia de personas y estructuras de la propia consejería". En entre sentido, criticó que no se haya llegado hasta el final por falta de "voluntad política". "Hay que saber quiénes han sido los beneficiarios, quiénes los cooperadores y cuál ha sido la cuantía del negocio".

Comisión investigadora

Además de solicitar la denuncia penal, el PP ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad y la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, que depure las responsabilidades políticas. Su portavoz parlamentaria de sanidad, Laura Garrido, informó de que ha establecido conversaciones con otros grupos para crear dicha comisión. Aralar, EB y UPyD ya se manifestaron el jueves a favor de la misma. Este caso, añadió Garrido, "no se puede cerrar sólo con una investigación en el ámbito administrativo".

Las irregularidades halladas afectan a empresas vinculadas a José Carlos Margüello y a otros dos facultativos de la sanidad pública, que ofrecían servicios de atención urgente a domicilio y derivaban a la sanidad privada de pacientes en listas de espera de Osakidetza. Además, de otros puntos oscuros, las tarifas cobradas se aumentaron "de forma excesiva y no justificada", detalla el informe.