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El PSE marca sus 'líneas rojas' en la reforma educativa

Los socialistas advierten al Gobierno de que el nuevo modelo lingüístico será "papel mojado" sin su consenso

El PSE dio ayer un puñetazo sobre la mesa y exhibió músculo para advertir al Departamento de Educación, en manos de EA, de que cualquier reforma educativa de envergadura que se empeñe en realizar debe contar con su consenso previo. De lo contrario, se convertirá en "papel mojado", sentenció.

Los socialistas son la segunda fuerza política en el Parlamento y aún se encuentra fresca en la memoria su contundente victoria en las pasadas elecciones generales, donde ganaron en los tres territorios. Con estos avales, su portavoz en materia educativa, Isabel Celaá, trazó ayer las líneas rojas de los socialistas, las que no se deben traspasar.

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Y la anunciada reforma de los modelos lingüísticos, con la supresión del modelo A (enseñanza en castellano), es una de las cuestiones por las que el PSE no va a entrar. "El Gobierno no se va a atrever a sacar una reforma de este calado sólo con el apoyo de los nacionalistas. Y si se atreve, por ahí no vamos a pasar. Será el momento de que el PNV hable", recalcó.

Hasta ahora, el PNV ha dejado hacer a EA en Educación. Los peneuvistas no han tenido que mojarse. Las dos ocasiones en las que se planteó la conveniencia de la reforma en el Parlamento dio su visto bueno, pero sólo se trataba de propuestas generalistas y más bien de una declaración de intenciones, sin contenidos específicos. Si al final EA logra remitir a tiempo a la Cámara el proyecto de ley, que plantea la creación de un modelo único con el euskera como lengua vehicular, el PNV va a tener que exponer su postura sin ambages. Con la actual correlación de fuerzas en el Legislativo, el tripartito podría sacar adelante la reforma con la ayuda de EHAK, algo que está prácticamente asegurado. De momento, los socialistas reiteran su propuesta de que mientras no se cambie la ley, los colegios concertados no cierren las líneas del modelo A donde exista demanda (al menos 20 alumnos para conformar un aula).

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Los desafíos educativos se suceden sin solución de continuidad. A la reforma, hay que añadir la judicialización del currículo, la financiación de los centros concertados, la elaboración del mapa escolar o el conflicto de los complementos de los profesores de la UPV. Y la realidad, es que el departamento está pactando detrás del escenario (con los agentes educativos) y sin el consenso de los grandes partidos de la oposición (PSE y PP, que suman un escaño más que el tripartito) las grandes cuestiones de la política educativa. "Hay que traer al Parlamento, al debate público, los asuntos que conciernen a la educación. Nada de pactos en la oscuridad con agentes afines", destacó Celaá.

Con esta premisa, recomendó al consejero de Educación, Tontxu Campos, que no envíe al Parlamento en lo que queda de legislatura ningún proyecto de ley de gran repercusión y que los deje para el comienzo del próximo cuatrienio, en el que habrá más tiempo para plantear un debate sosegado. "Al consejero de Educación se le ha acabado el tiempo", resumió.

Sobre el aumento de financiación de los centros concertados y su equiparación con los públicos, el PSE puntualizó, en primer lugar, que no todos los centros concertados son iguales. "Se trata", indicó Celaá, "de que aquellos que quieran corresponsabilizarse con el sistema educativo vasco hasta el punto de equipararse en tratamiento a la red pública, habrán de ceder soberanía para compartir los derechos y todos los deberes de los colegios públicos". Y en ese apartado se incluye no cobrar ningún tipo de tasa a los padres, tal y como hacen en este momento los colegios privados concertados.

La reforma de modelos sin consenso con la oposición y la equiparación financiera de la red concertada con la pública son dos de las líneas rojas trazadas por el PSE. Y para salvaguardarlas, los socialistas plantean un pacto escolar, similar al que en 1992 suscribieron PNV, PSE y la extinta EE, que fue la base sobre la que se asentó la Ley de la Escuela Pública Vasca. Esta ley es la que se soporta el entramado jurídico del sistema educativo de la comunidad autónoma. El nuevo pacto pasa por un modelo lingüístico que se base en un "bilingüismo equilibrado" entre euskera y castellano, con la presencia vehicular del inglés.

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Un grupo de alumnos sigue una clase de euskera en la ikastola Jakintzqa, sita en OrdiziaJESÚS URIARTE

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