El Parlamento debatirá la congelación de los sueldos de los cargos públicos

El debate de la congelación salarial en las instituciones vascas, una medida ya aprobada en la Diputación de Guipúzcoa y planteada en el Ayuntamiento de Vitoria, va a llegar al Parlamento. Una propuesta, presentada ayer por el PP en la Cámara de Vitoria, insta a no aplicar subidas en los salarios de los parlamentarios, altos cargos y personal eventual del Gobierno, y los directivos de todas las sociedades y entidades públicas.

La iniciativa popular obligará a todos los partidos a retratarse. Hasta ahora sólo la Diputación de Guipúzcoa ha aprobado la congelación salarial de sus cargos más importantes. En unas recientes declaraciones, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, no se mostró muy partidario de aplicarla al Gobierno. La Diputación vizcaína trató el asunto el martes, en su reunión semanal, y planteó que las instituciones adopten una postura común en el Consejo Vasco de Finanzas, previsto para octubre.

Responsables institucionales vascos han sostenido públicamente y en privado el carácter testimonial de esta medida, que poco ayudaría a mitigar la crisis económica. La vicelehendakari reprochó que fuera una idea lanzada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que luego criticaron algunos dirigentes socialistas.

Pero el diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Markel Olano, ha negado que sólo tenga un carácter simbólico y considera que se debe dar un ejemplo de austeridad. El PSE de Vitoria también ha propuesto la congelación de los sueldos de todos los concejales del Ayuntamiento, alegando que los políticos deben ofrecer estos gestos en situaciones de crisis económicas.

Contención del gasto

El portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, defendió al presentar ayer su propuesta en el Parlamento que lo lógico es que los responsables políticos "adopten medidas de contención en el gasto" y que "deben saber dar ejemplo a la hora de tomar decisiones en tiempo de crisis". La propuesta tiene carácter urgente, con el fin de que se debata antes de que llegue a la Cámara el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para el año 2009.

La iniciativa plantea, además de mantener los sueldos, la reducción en al menos un 20% de los gastos dedicados a comunicación institucional, propaganda, relaciones públicas y protocolo. Sólo el envío a los domicilios de toda la comunidad autónoma de la publicidad de la frustrada consulta promovida por el tripartito, que incluía las papeletas con las dos preguntas, costó a las arcas públicas casi 160.000 euros.