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El Parlamento vuelve a exigir el cierre de Garoña en plena polémica por las nucleares

La Cámara pide que el plan de ayudas por su clausura sume a los municipios

Más de año y medio después de pedir el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, el Parlamento vasco volvió a exigir ayer que la planta burgalesa, distante 40 kilómetros de la frontera con Álava, deje de funcionar. En plena polémica mundial por la seguridad de las nucleares tras la catástrofe de Japón, la Cámara instó al Gobierno autónomo a que pida al central el cierre de la nuclear -del mismo modelo y año que la siniestrada de Fukushima-, como ya hizo en junio de 2009.

La petición fue apoyada por todos los grupos excepto el PP, que sí abogó por revisar la seguridad de la central. Y es que la fecha para su cierre se prorrogó en virtud de una orden ministerial firmada menos de un mes después de la primera resolución del Parlamento. La orden ampliaba hasta 2013 la actividad de la nuclear burgalesa, dos años por encima de los 40 de vida util inicial de la instalación, en funcionamiento desde 1971. Con la vista puesta en el prometido cierre, ratificado ayer tanto por la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, como por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, las dudas han vuelto a algunos grupos parlamentarios, entre ellos EB, que había registrado la iniciativa en enero.

El PP rechaza el cierre y culpa al PNV de no negociar ayudas para Euskadi

La razón es la enmienda introducida por PNV y CiU en la Ley de Economía Sostenible, aprobada en el Congreso hace un mes. Ese texto abre la vía a prolongar más de 40 años la vida de las centrales con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. El portavoz del PNV en la Cámara baja, Josu Erkoreka, precisó en ese debate que Garoña queda "expresamente excluida" de tal consideración, aunque CiU dejó en el aire su posible prolongación.

Mikel Arana, de EB, se preguntó ayer quién estará en La Moncloa en 2013: "Podemos estar con otro Gobierno [el del PP] mucho más favorable a la energía nuclear que el que tenemos ahora". "Si el PP gana las elecciones, Garoña va a seguir abierta", alertó el peneuvista Norberto Aldaiturriaga. Dani Maeztu, de Aralar, criticó que "el lobby energético ha jugado bien sus cartas" y rechazó este modelo, al igual que EA, cuyo parlamentario, Juanjo Agirrezabala, criticó la "tecnología obsoleta" de Garoña.

La resolución, firmada por EB, PNV y Aralar, y respaldada en su totalidad por EA y parcialmente por PSE y PP, también recoge, a petición peneuvista, que se incluya a los municipios vascos cercanos a la central, como Lantarón o Valdegovía, en el plan de dinamización económica para la zona. Este texto fue aprobado en 2009 para reducir los efectos sobre el empleo que tendrá el cierre de Garoña, con un presupuesto global de 900 millones de euros. "Si tenemos el riesgo nuclear, por lo menos tenemos que estar igual en las medidas de reparación", defendió Aldaiturriaga.

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El PSE fue el único grupo que rechazó este punto, argumentando que la Comisión Europea lo impide. Sí lo apoyó el PP, aunque su portavoz, Carmelo Barrio, culpó al PNV de no incluir en su negociación presupuestaria con el Gobierno central partidas destinadas a esas localidades.

[Antonio Cornadó, responable de relaciones externas de Nuclenor, empresa propietaria de la central, declaró ayer a Efe que Garoña está preparada para resistir un terremoto tres veces más potente de lo que los expertos ven posible en esa zona].

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