Proteger al más débil

Cuando Amaya Renobales llegó a México, hace ahora diez años, cuando tenía 27, la protección jurídica a los niños y adolescentes resultaba muy deficiente. Recién licenciada en Derecho, esta joven bilbaína no tenía claro hacia dónde orientar su carrera. Así que solicitó una beca del Gobierno vasco para cooperantes que la llevó a la sede de Unicef en Ciudad de México. Una vez allí, encontró su "vocación". Su formación académica y la realidad del país norteamericano la hicieron embarcarse en una compleja, aunque "muy satisfactoria", tarea: plantear varias reformas legislativas para "hacer valer los derechos de los menores", hasta entonces poco o nada reconocidos, contesta en una conversación telefónica.

Su dedicación a esta causa le ha valido el homenaje del Instituto Mexicano de Migración, que la acaba de premiar con el Reconocimiento Quetzalcóatl.

Una de sus primeras metas fue cambiar el funcionamiento de los correccionales -allí llamados consejos tutelares-, algo que exigía, nada menos, que reformar la Constitución mexicana. Y es que hasta 2000 era posible encerrar en estos centros a los niños que mantuviesen "conductas inapropiadas" el tiempo que los especialistas del consejo consideraran oportuno. Y ello sin que estuviesen concretadas las condiciones o circunstancias que definían una conducta como "inapropiada".

Gracias a la lucha de Renobales, que se prolongó tres años, los internos se beneficiaron de garantías jurídicas que, por ejemplo, limitaron las penas a cumplir.

Más tarde, cuando fue trasladada al Estado de Quintana Roo, al que pertenecen las zonas turísticas de Cancún y la Riviera maya, no dudó en proponer reformas en el Código Penal. Entre otras, logró reformar la obsoleta ley de adopción, que, por ejemplo, prohibía acoger a niños mayores de cinco años y sólo permitía la adopación a las parejas que tuviesen problemas para concebir.

Además, consiguió que se tipificase como delito el abandono, la venta y la adopción ilegal de menores. También ha combatido, y mucho, el turismo sexual infantil. Su labor se ha centrado en concienciar y formar al gremio de taxistas y al sindicato de trabajadores de hostelería para que identifiquen y no toleren estos comportamientos. Sólo en Quintana Roo, donde el 90% de los ingresos procede del turismo, unos 56 establecimientos hoteleros se han sumado a su campaña.

Es imposible calcular el número de casos de turistas sexual que buscan niños en esa zona. "Aquí se dan muchos elementos de riesgo: discriminación por género, pobreza y su condición de destino turístico. La prostitución infantil no es nada fácil de investigar y se corre un grave riesgo al hacerlo", concluye Renobales.