Registradas las oficinas y la casa del propietario de Amenabar por el pago a ETA

El juez Baltasar Garzón prosigue su indagación sobre el pago reciente de la extorsión económica a ETA, apoyándose en la documentación que la policía francesa encontró en poder del dirigente de ETA, Francisco Javier López Peña,

Zulos, detenido la pasada primavera en Burdeos. Ayer se produjo el cuarto caso conocido recientemente, que afectó a la empresa guipuzcoana Construcciones Amenabar, cuyas oficinas centrales se encuentran en Zarautz. A mediodía, efectivos de la Guardia Civil procedieron a su registro y requerieron diversa documentación relacionada con la investigación.

Fuentes judiciales precisaron que, según la documentación incautada en Francia, ETA habría exigido a la empresa 600.000 euros, de los que, finalmente, la constructora habría satisfecho una tercera parte, la cantidad de 200.000. Tras el registro de las oficinas, agentes del instituto armado se dirigieron al domicilio del fundador y propietario de la empresa, Luis Amenabar, situado en el Paseo de los Fueros de San Sebastián, donde se le demandó documentación relacionada con las pesquisas que realiza el juez. Según las citadas fuentes, el empresario no se halla imputado, ni ha sido detenido.

Ataques terroristas

Estos últimos meses la constructora guipuzcoana ha sido objetivo persistente de la banda por ser adjudicataria de las obras de algunos tramos del AVE vasco, aunque esta interpretación fuera objeto de polémica entre las propias instituciones vascas. Entre ellas, el Gobierno vasco, que puso en duda de que el atentado tuviera que ver con su condición de constructora de la infraestructura que ETA ha elegido como objeto de ataque preferente.

El pasado 1 de junio, un comando de ETA reventó de madrugada con una bomba de cinco kilos la entrada a las oficinas situadas en Zarautz, un atentado que produjo lesiones leves a dos ertzainas y un vecino, además de serios desperfectos en la empresa. Quince días antes, la banda hizo explotar dos bombas contra sendas excavadoras en una obra que la constructora realiza en Hernani.

Los últimos empresarios investigados por pagar la extorsión a ETA tienen en común su cercanía al nacionalismo. Sería el caso del veterano empresario azpeitiarra Jesús Guibert, del anterior dueño de Sidenor, Sabino Arrieta, y del actual consejero delegado, José Antonio Jainaga, y de las hermanas de Orio Isabel y Blanca Rosa Bruño, que permanecieron encarceladas durante un mes.