Riesgos psicosociales para el 28% de los funcionarios
La resolución judicial dictada el pasado 16 de enero por el juez de lo Social Fernando Breñosa Álvarez de Miranda, confirmada ahora por el alto tribunal vasco, focaliza la demanda en el "fenómeno emergente" de los riesgos psicosociales o el estrés laboral, descartando el acoso o mobbing. En una reflexión general incluida en su sentencia, advierte de que el acoso ha tenido a veces una repercusión "desmesurada" en los medios informativos, "encontrándonos con falsas víctimas, personalidad paranoicas, querulantes [personas que se sienten agraviadas sin motivo] que, a través de ello confunden lo que es el concepto de mobbing con otras situaciones".
El juez recuerda un dato sobre este "fenómeno emergente" del estrés laboral: es "una patología que en las estadísticas refiere padecer, con más o menos intensidad, un 28% de los trabajadores y funcionarios".
Sin llegar a tener los elementos que definen el acoso laboral, esta patología sería una "reacción emocional psicofisiológica ante aspectos nocivos del trabajo, producidos por el ambiente y por la propia organización del trabajo", según la sentencia ahora ratificada.
Frente al mobbing, que implica una serie de actos repetitivos de violencia psicológica -hasta 45 comportamientos llegan a enumerar los expertos-, y con los que de manera sistemática -una vez por semana durante al menos seis meses- se busca la destrucción de la víctima, el juez invoca en su resolución el concepto de riesgo psicosocial.
Erne, el sindicato mayoritario en la policía vasca, lleva varios años exigiendo al Departamento de Interior una evaluación de los riesgos psicosociales en las diferentes unidades de la Ertzaintza. Lo volvió a pedir sin éxito cuando la consejería negoció antes de verano con sus representantes el protocolo contra el acoso laboral que ya ha sido aprobado.
El sistema finalmente aprobado por Interior, que no incluye ese mapa de riesgos, atribuye la mediación para atajar los casos de acoso laboral a los propios mandos policiales. Y si esa intervención de los jefes no tiene éxito, atribuye el cierre del caso investigado a Asuntos Internos (la unidad disciplinaria), sin permitir miradas ajenas.
Por contra, el protocolo aprobado en diciembre pasado para el resto de la Administración vasca remite la investigación de las supuestas denuncias de acoso laboral a Función Pública, pero permite a los sindicatos disponer de un miembro en la comisión correspondiente donde se investigue.
